A iniciativa del Partido Popular, pero con el apoyo unánime de todos los grupos presentes en la Cámara, el Parlamento de Canarias acaba de aprobar una proposición no de ley para reclamar un pequeño, pero relevante, ajuste legislativo que permita a las empresas canarias beneficiarse de ahorros impositivos a través de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC), con independencia de cuál sea el origen de los beneficios integrados en este incentivo fiscal, con el propósito de reinvertirlos. Por valiosa y significativa unanimidad, el Legislativo canario apoya así, sin fisuras, una reelaboración del artículo de la ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias que regula la Reserva para Inversiones, de modo que los inspectores de la Agencia Tributaria no puedan excluir de este incentivo y su bonificación fiscal derivada aquellos beneficios obtenidos mediante una actividad distinta a la principal de la empresa que decida dotar la RIC.

Con una mínima revisión del actual articulado de la RIC, se pretende devolver a la Reserva la filosofía que inspiró su creación en 1994: incentivar la economía y la creación de empleo al permitir que todas las empresas canarias que decidan renunciar a la distribución de beneficios y opten por reinvertirlos puedan disfrutar de una rebaja del 90% en el Impuesto de Sociedades. Es decir, retornar al espíritu que, en el proceso de reforma del Régimen Económico y Fiscal a mediados de los años noventa, animó la creación de la RIC como heredera modernizada del extinto Fondo de Previsión para Inversiones.

La decisión del Parlamento de Canarias coloca este ajuste en el primer lugar de los deberes que, en relación con Canarias, encontrará sobre la mesa el nuevo Gobierno que Mariano Rajoy se propone conformar esta semana que empieza. Y obliga a su vez al Gobierno de Paulino Rivero a convertirse en portador y defensor de la iniciativa ante el nuevo Ejecutivo de Madrid, que habrá de llevar la petición a las Cortes para consumar el pretendido cambio. Habida cuenta de que la iniciativa partió en el Parlamento de Canarias del Partido Popular parece lógico y previsible que el nuevo Gabinete de Rajoy se aplique con diligencia a ejecutar el cambio. Si no fuera así, a las fuerzas representadas en el Parlamento autonómico, empezando por el propio Partido Popular, compete la tarea de convencer a Madrid con argumentos para conseguir la modificación prevista en la proposición no de ley aprobada esta semana.

Sobran para ello los motivos. Ni en la letra ni en la filosofía de la ley de 1994 figuraba, a los efectos de aplicar el sistema de ahorro fiscal que representa la RIC, distinción alguna de origen respecto a los beneficios susceptibles de incluirse en la Reserva. Muy al contrario, fue la interpretación posterior de los inspectores de la Agencia Tributaria la que acabó provocando que se consolidara una diferenciación que excluía los llamados beneficios atípicos de aquellos que podían acogerse a la RIC. Ese fue el inicio de un tortuoso camino que ha derivado en una cascada de pleitos judiciales entre la propia Agencia Tributaria y las empresas que se consideran perjudicadas por un volantazo interpretativo que no estaba en el origen de la ley. Y que, en el colmo de los desatinos, se produjo cuando muchas de las cuantiosas reinversiones ya se habían ejecutado al amparo de la RIC. Ciertamente, nadie está cuestionando el trabajo de los inspectores de la Agencia Tributaria, y menos a la vista de los abusos interpretativos, cuando no fraude social puro y duro, en que algunos empresarios incurrieron en los años de bonanza económica para hacer pasar por reinversión gastos completamente ajenos a la creación de empleo, cuando no pura especulación o hasta consumos personales suntuarios. Pero las indecencias de unos pocos, perseguibles hasta sus últimas consecuencias, no pueden justificar ni el castigo generalizado del resto ni una hipertrofia del celo inspector que acabe por desactivar la RIC como aquello para lo que fue concebida: un arma para la dinamización de la economía de Canarias mediante la inyección de flujos de capital y la generación de empleo. Y ahora, cuando la crisis golpea con furia a decenas de miles de hogares canarios, lo que toca no es dilapidar un tiempo precioso en litigios colosales ni disuadir el ahorro para la reinversión, sino justo lo contrario.