Sobran los motivos para que Canarias disponga de unas tarifas aeroportuarias más baratas que las que se aplican en la Península. En esto están todos de acuerdo -Gobierno central y canario, los empresarios, los turoperadores, las cámaras de comercio, los hosteleros, las agencias de viajes y las compañías aéreas-, pero ahí acaban las coincidencias. La confusión sobre los diferentes incentivos, rebajas o ayudas públicas que se aplican al fomento del transporte aéreo en el Archipiélago, la incertidumbre sobre los cambios que el Ejecutivo central pretende introducir en los presupuestos generales del Estado para regular estas subvenciones y el miedo a que una supresión de descuentos acabe con la esperanzadora llegada de millones de turistas a las Islas han contribuido a propiciar una sensación de desconcierto e inseguridad que conviene disipar cuanto antes.

No están en discusión los descuentos a los residentes por el uso del transporte aéreo, ni se plantea, ni suprimir las tasas más baratas que aplica AENA por el aterrizaje, la seguridad y el uso de dominio púbico aeroportuario en Canarias. Tampoco. Conviene aclararlo -y el Gobierno central debiera ser el primer y principal interesado en ello- para que nadie caiga en la tentación de aprovechar estos momentos de incertidumbre para sacar ventaja con enredos políticos y económicos que a lo único que contribuyen es a crear un miedo o alarma social con reivindicaciones absurdas cuando lo que se requiere es una seguridad jurídica que espante a los aprovechados.

De lo que se trata es de si conviene mantener unas bonificaciones a las compañías aéreas por abrir nuevas rutas, incrementar el número de pasajeros con destino a las Islas y utilizar para sus operaciones las horas y días con menos frecuencias. Es esto lo que está en entredicho. El Gobierno central sostiene que no tiene sentido conservar estos descuentos que se aplican desde el segundo semestre de 2010 porque es discriminatorio, prima sobre todo a las nuevas compañías de bajo coste y castiga la fidelidad de las aerolíneas tradiciones que programan desde hace años rutas con Canarias, ni se justifican por la llegada de nuevos turistas. Las compañías aéreas tradicionales y las agencias de viajes lo entienden también así: si se ha producido una aumento de hasta un 20% de turistas en las Islas no es una consecuencia directa de las bonificaciones aéreas sino, sobre todo, por el cierre de destinos como Túnez o Egipto.

El Gobierno canario, la patronal turística, la Confederación de Empresarios de Canarias, cabildos, ayuntamientos y cámaras de comercio interpretan, en cambio, que las bonificaciones han tenido un efecto espectacular en la masiva llegada, más de doce millones de turistas, a las Islas durante 2011. Exigen, por lo tanto, que se mantengan como uno de los incentivos más importantes para propiciar la recuperación económica de las Islas a través de la principal fuente de ingresos que ofrece el turismo.

Las discrepancias, en un principio, ásperas entre el Ejecutivo central y canario sobre la continuidad o no de estas ayudas a la creación de nuevas rutas, aumento de pasajeros y uso de los denominados días valle en los aeropuertos canarios empiezan a matizarse. E inevitablemente debe ser así. Al margen de los contradictorios datos que manejan ambas partes sobre los beneficios de estos descuentos -tanto en el tráfico de pasajeros como en las aerolíneas beneficiadas- parece evidente que la fórmula aplicada hasta ahora necesita una revisión, pero un cambio no es sinónimo de supresión, de tal manera que se abre un tiempo para poder negociar.

Las diferencias, siendo aún importantes, no son de concepto sino sobre la cuantía económica y la fórmula que se aplica. Por lo tanto es prioritario que cuanto antes se clarifique el régimen de tasas aéreas -con descuentos que sin duda propician la llegada de nuevos visitantes- a las que deben ceñirse las compañías para que se puedan negociar con los operadores turísticos los paquetes que se ofrecen con destino a Canarias, que el modelo aprobado por el Gobierno sea sostenible en el tiempo y evite las discriminaciones. Lo demás es aplicar una política del todo vale, de un uso torticero del dinero público y de favores y compensaciones injustificables.