El Norte de Gran Canaria ha cerrado esta semana con una magnífica noticia: después de 23 años de espera, el Gobierno autónomo ha desbloqueado una inversión privada de 70 millones de euros al desactivar los escollos que frenaban la construcción de un nuevo centro comercial en Gáldar a cargo de la empresa Hermanos Domínguez. La noticia tiene una trascendencia que va mucho más allá de la satisfacción de unos promotores privados después de dos décadas de impotencia y espera e incluso del impacto que una inyección tan importante de fondos tendrá sobre la economía del Norte de la isla, pues no en vano el proyecto de HD había acabado por convertirse en un símbolo del tipo de naufragio al que una burocracia tenazmente decidida a extender hasta la exasperación la duración inacabable de los trámites puede someter proyectos cuyo evidente objetivo es el de la prosperidad de aquellas comarcas donde aspiran a ejecutarse. Pero sobre todo porque el desbloqueo de este proyecto debe marcar un antes y un después en la actitud del Gobierno autónomo respecto a planes inversores paralizados durante años por el papeleo en Gran Canaria y cuyos promotores, aun aferrados todavía a la prudencia, empiezan a detectar un talante dinamizador en el Ejecutivo canario y singularmente en el área que dirige el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel.

El punto de inflexión tiene fechas y también nombres y apellidos muy concretos: los de aquellos empresarios de alto nivel que acudieron antes de Navidad a una cita convocada por el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, para establecer un marco de negociación donde buscar salida a inversiones paralizadas en Gran Canaria por un montante global de más de mil millones de euros. Un encuentro convocado por Rivero después de que LA PROVINCIA / DLP desgranara durante varias semanas en un serial todos y cada uno de los proyectos incomprensiblemente atascados en el limbo de la burocracia en el momento, y he aquí la surrealista paradoja, en que más necesitada está la isla de Gran Canaria de inversión, actividad y generación de empleo y riqueza. Un serial bajo el que algunos quisieron ver una suerte de conspiración periodístico-empresarial para forzar e incluso desacreditar al Gobierno y cuyo único objetivo, como ahora ha quedado plenamente de manifiesto, era sin embargo arrojar luz, mucha luz, sobre los desatinos de una burocracia miope empeñada en atascar la inversión justo cuando más la necesita la isla y sus decenas de miles de parados. No en vano, Gran Canaria cerró el mes de febrero con el dramático registro de 2.500 parados más, exactamente la mitad de todos los empleos destruidos en toda Canarias en ese mismo mes.

Pero no todo está hecho. Sí, en efecto, los inversores empiezan a ver la luz al detectar en el Gobierno de Canarias una voluntad firme de poner el pie en el acelerador para desatascar lo antes posible los proyectos varados sin menoscabo, como no podía ser menos, del escrupuloso cumplimiento de la legalidad. Y hay que reconocer y valorar por ello los reflejos de Rivero y del propio Berriel para, aunque recelosos y hasta ofuscados al principio, olvidarse del absurdo espantajo de una supuesta operación contra el Gobierno y darse cuenta de la urgencia inapelable con que Gran Canaria necesita inversiones ambiciosas, emprendeduría y, por encima de todo, empleo. Pero atención: a medida que el Gobierno desatasque los proyectos, la pelota empezará a situarse en el tejado de otros, y singularmente del Cabildo de Gran Canaria y de los ayuntamientos donde han de ejecutarse los planes de inversión, instituciones que se verán ahora en la tesitura de demostrar que ellas tampoco se refugian en un autismo burocrático ciego y sordo ante la magnitud de la crisis. Tras el desatasco del proyecto de HD en Gáldar, los primeros signos no son muy alentadores: el mismo grupo de gobierno del Cabildo que censuró al Gobierno su parsimonia y lentitud con las inversiones paralizadas anuncia ahora que al centro comercial de HD le quedan otros dos años de espera en la corporación insular para resolver otra tanda de papeleos. ¿Dos años más después de esperar 23? Parece una mala broma, más aún tras las críticas que el presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, dirige al Gobierno cuando le reprocha una atención insuficiente a la isla. Porque ahora sí es la hora de Gran Canaria y nadie perdonará a ninguno de sus representantes públicos, sean del partido que sean, que dediquen no ya un año, sino un minuto más de lo necesario a gestionar autorizaciones sin las cuales la inversión volverá a empantanarse sin remedio. Porque, con un desempleo que cabalga implacablemente por los hogares de decenas de miles de canarios, llenándolos de desesperación a la misma velocidad con que se vacían los bolsillos y las neveras, sería una irresponsabilidad imperdonable. Más aún ante el riesgo de que, con un desempleo que no cesa de crecer y el durísimo impacto de los ajustes fiscales y laborales sobre las espaldas de los ciudadanos, la crisis se adueñe de la situación y deteriore el clima de convivencia social.