Cuanto más pasan los días, más queda de manifiesto que Canarias y singularmente la provincia de Las Palmas va a necesitar dosis generosas de calma y sosiego ante el polémico debate abierto sobre la conveniencia o no de que el Gobierno de España autorice a la compañía Repsol la realización de prospecciones en busca de petróleo en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. Sobre las propias catas y sobre la controversia que este proyecto ha desatado en las Islas, la semana ha sido pródiga en noticias. Por un lado, a iniciativa de la propia Repsol, cuyo presidente Antonio Brufau se sentó el pasado martes con el jefe del Gobierno canario, Paulino Rivero, para explicarle los proyectos de la compañía y los beneficios que, a su juicio, reportaría a las Islas el hallazgo de una bolsa de petróleo extraíble. Y por otro, por la resolución aprobada ese mismo día en el Parlamento de Canarias con el apoyo de Coalición Canaria, el Partido Socialista y Nueva Canarias sobre las prospecciones, que expresa el rechazo de la Cámara a los sondeos mientras no se alcance un consenso institucional sobre ellos.

La visita de Brufau a Canarias ha servido para proporcionar a los ciudadanos algunos elementos de juicio -económicos, técnicos y medioambientales- sobre las prospecciones y extracción de petróleo sin los cuales no es posible una reflexión suficientemente ponderada. Para empezar, el importe de la inversión proyectada por la compañía en el caso de que encontrara petróleo en condiciones de ser extraído por una cuantía próxima a los diez mil millones de euros durante veinte años. En segundo lugar, el compromiso de la multinacional de extremar las medidas de protección ambiental para minimizar los riesgos de un golpe al patrimonio natural y al motor económico de Canarias, el turismo. Y en tercer lugar, su voluntad de implicar a Canarias en todo el proceso, de manera que una hipotética extracción de crudo hiciera recaer de manera directa una parte de la inversión y beneficios en las Islas y contribuyera a diversificar y enriquecer la economía regional.

En simultáneo, el Parlamento de Canarias aprobaba el martes una resolución en la que, si bien se suavizaron los términos en que se produjo la comunicación original del Gobierno a la Cámara, ha quedado de manifiesto la soledad del Partido Popular en su defensa de las prospecciones y, por el contrario, la unidad de CC, el PSC y Nueva Canarias en un rechazo a los sondeos mientras el Gobierno de España no sea capaz de concitar el consenso institucional. Se trata de una resolución de rechazo a las prospecciones que no obstante deja abiertas varias puertas hacia el futuro, pues no en vano introduce la expresión "en estos momentos" cuando apunta que Canarias no está en condiciones de asumir la autorización sin más de las prospecciones y al mismo tiempo esboza, sin concretarlas, posibles actuaciones ante la Justicia en defensa de los intereses de las Islas. La rebaja de la dureza retórica y el hecho de que se eludan alusiones clave como el inicio de una batalla competencial o la creación de un impuesto disuasorio sobre las extracciones, anunciados con firmeza por el Gobierno de Paulino Rivero en su comunicación original, hizo pensar en un leve giro del Ejecutivo hacia una posición más flexible sobre las catas. Una hipótesis que el propio Rivero se encargó de despejar rotundamente en la noche del viernes, cuando proclamó en el Club La Provincia que no tiene la menor intención de "dejar solas a Lanzarote y Fuerteventura" en su rechazo a las prospecciones y su firme voluntad de colocar la unidad de Canarias por encima de "todo el petróleo del mundo".

Legítimamente, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, con sus presidentes a la cabeza, se movilizan estos días para estimular la máxima afluencia a la manifestación simultánea convocada para el próximo 24 de marzo en Arrecife y Puerto del Rosario contra las prospecciones que el Ministerio de Industria quiere autorizar a Repsol. Las dos islas, cuya proximidad a las áreas de sondeo y extracción suscita una especial sensibilidad ante los riesgos que conlleva la actividad, tienen derecho no solo a hacerse escuchar sino a reclamar hasta la extenuación que su patrimonio natural y su sector turístico queden a salvo de cualquier siniestro ambiental. Pero ambas merecen también que este debate abierto sobre las prospecciones se haga con sentido del rigor, de la prudencia y la mesura, sin ocultar los riesgos, pero tampoco sin sembrar alarmismos injustificados. Con la máxima vocación de protección de los bienes naturales y el pulmón turístico. Pero sin renunciar a la posibilidad de examinar con serenidad las oportunidades -económicas y laborales- que brinda el proyecto de las prospecciones petrolíferas en Canarias.