Después de tantas semanas de polémica por las prospecciones de petróleo en las costas de Lanzarote y Fuerteventura, resulta que en el Archipiélago existe otro oro negro: el dinero defraudado a Hacienda por las grandes fortunas y corporaciones empresariales, que está tan profundamente oculto como los hidrocarburantes. Nada menos que 7.715 millones dejan de ingresar las arcas públicas, una marea millonaria que, a diferencia de las temidas mareas negras que argumentan los contrarios a las prospecciones, sí sería de agradecer que anegara los vacíos bolsillos de las administraciones. Si se tiene en cuenta que el presupuesto de la Comunidad Autónoma es de 6.736 millones, a la espera de lo que reciba del Estado, no hay que ser economista para comprobar la importancia de estas cifras, sobre todo en esta etapa de lamentos por el bienestar perdido y la angustia, tanto pública como privada, por llegar a fin de mes. Lo triste es que de esa chorrera de millones, los defraudadores sólo están obligados a devolver el 10 % -771 millones- gracias a la amnistía del Gobierno de España. Así y todo, esa propina supera la suma de los presupuestos de los cuatro municipios más poblados del Archipiélago.