Jaume Matas confesó ante el juez Castro que era un defraudador fiscal a gran escala. En su interrogatorio, el exministro de Aznar reconoció que había evadido al fisco hasta trescientos mil euros, cantidad equivalente a sus ingresos declarados durante tres años. No manifestó su voluntad de reintegrar lo adeudado, ni en el juzgado ni en entrevistas posteriores. La amnistía de Rajoy está pensada para tranquilizar a personas como él, que podrán aflorar el dinero oculto pagando una cuota mínima del diez por ciento. En idéntico trance judicial, Iñaki Urdangarin se ciñó a un guión de evasivas, salvo para explicar que determinados gastos de borrosa asignación estaban siendo investigados en la inspección de Hacienda a la que se veía sometido. También el duque puede abrazarse al Gobierno del PP para recuperar la nobleza, sin más que admitir sus manejos. A continuación, los populares se presentarán como campeones de la moralidad, mayormente sexual.

El Estado ya asombró a la afición cuando financió a terroristas islámicos, pagándoles millones de euros para que pudieran seguir secuestrando a ciudadanos españoles. El Gobierno va a dedicarse ahora a blanquear dinero negro a gran escala. Evitará las preguntas incómodas sobre su procedencia, porque pecunia non olet. El ejecutivo ofrecerá los intereses más bajos del mercado negro, como saben los compradores de billetes de lotería agraciados con un premio. En el caso probable de que usted disponga de una maleta con un millón en billetes, ¿no pagaría cien mil euros para regularizarla?

El Gobierno lava más blanco. En su avance de los Supuestos Generales del Estado, anuncia que obtendrá 2.500 millones por este procedimiento. Aparte de ser una cifra ilusoria, rebaja la que podría obtenerse combatiendo el fraude fiscal a gran escala. Y donde no alcance la amnistía, llegará el indulto, porque Rajoy ya se ha estrenado en el perdón a delincuentes fiscales. El PP está llevando al extremo la aplicación de la parábola del hijo pródigo. En defensa y provecho propios, claro.