¿Quién presidiría el hipotético pacto PP-PSOE para gobernar Canarias en lo que resta de legislatura? La pregunta no es inocente. Aunque finjan otra cosa, de la respuesta depende la viabilidad de la idea. Con presidente socialista, el PP no podría agregar el Archipiélago al mapa azul de "sus" autonomías, objetivo improrrogable por ser el más votado y seguir sin estrenarse en el cargo después de 30 años de Estatuto. Sin eso, y previendo los desgastes de rigor, es probable que decaiga el interés que Soria viene reiterando. Pero con presidente popular, el PSOE no ganaría posiciones respecto de su situación actual. ¿Un reparto time-sharing, tal vez? No sería descartable si anteriores experiencias de menor nivel no hubieran dejado un saldo tan poco estimulante. En cualquier caso, la realidad política de Canarias ha hecho axiomático que puede ser presidida por el segundo o por el tercero -caso actual- de los partidos en número de votos. Y no se trata de una extravagancia privativa de las Islas, porque hay analogías en otras comunidades.

Sin hablar de la Presidencia, una mayoría PP-PSOE limitaría la fuerza reivindicativa de Canarias ante los poderes del Estado, cuyo saldo de efectividad arroja luces y sombras. La presión de Coalición Canaria no alivia la sostenida involución de su cuota electoral. La pregunta consecuente estriba en el valor que la sociedad insular atribuye hoy a esa política y, más aún, qué cabe esperar de ella cuando los recursos a repartir apenas cubren en todo el país los mínimos irrenunciables. Ante las sombras de intervención europea, incluso de bancarrota si las reformas antidéficit no restauran la confianza exterior, también claudicarían numerosos aspectos de una legislación, incluida la del REF, que no previó un paisaje semejante porque fue arbitrada para la normalidad y el crecimiento. Y si se añade la prerrogativa de intervención estatal en las cuentas autonómicas, anunciada por Montoro, las reivindicaciones locales, los voluntarismos y las rebeldías fiscales quedarán congelados hasta que escampe la tormenta.

Pero si algo positivo puede traer el pacto canario PP-PSOE, como sería, a título de ejemplo, amarrar el esclarecimiento del juego sostenible, la garantía de las atenciones esenciales, las políticas de empleo, la protección activa del medio natural y la biodiversidad, la equiparación a la media de las inversiones estatales o la reforma del sistema electoral deberíamos saberlo todos los ciudadanos. Tal vez así la simpatía por el cambio, que el empresariado de Gran Canaria acaba de manifestar a Soria, conseguiría el respaldo social suficiente como para exigir a los dos partidos una negociación inmediata. Mientras tanto, la reivindicación nacionalista seguirá siendo, con mayor o menor fundamento, la única esperanza de soslayar el marasmo.