Estos son, desnudos de palabrería, los hechos: el PP, con lo que venimos denominando "amnistía fiscal", decidió, de un lado, premiar a los evasores de impuestos y legalizar, de otro, el dinero obtenido con actividades perseguidas por la ley. A ello respondió el PSOE con un recurso de inconstitucionalidad para que fuera el alto tribunal quien decidiera algo tan complicado, y para lo que se requieren tantos estudios, como si se puede o no se puede colaborar desde el Gobierno en operaciones de blanqueo de capitales.
Teniendo en cuenta que el lavado de dinero negro es un delito tipificado en el código penal y cuya persecución se encomienda al Ministerio del Interior, a la fiscalía y a los jueces, ¿no habría sido más razonable acudir al juzgado de guardia y denunciar directamente a Rajoy o a Montoro o al mismo Consejo de Ministros por un presunto delito de prevaricación? Claro que, si hiciéramos esto, las cosas quedarían más o menos claras, cuando de lo que se trata es de que los ciudadanos renunciemos a entender nada de nada (estamos en ello, no se apuren). Repitamos la secuencia para comprenderla en toda su magnitud: el Gobierno proporciona a la delincuencia grande una ventanilla especial para que legalice los beneficios no declarados al fisco, procedan estos de actividades criminales o no. Esta cobertura conlleva además un agravante comparativo al darse la circunstancia de que el malhechor recibe un trato fiscal mucho más ventajoso que el ciudadano que ha cumplido en tiempo y forma con Hacienda.
El Gobierno, si todo lo que se ha dicho hasta esta línea es cierto, y parece que sí, ha dictado por tanto una resolución a todas luces impresentable a sabiendas de que era impresentable. ¿No se llama a eso prevaricación? Sí, se llama prevaricación. Pero por si el galimatías fuera pequeño, llega Montoro y califica el recurso presentado por el PSOE de radical, de extremista. Viene a decir que extrañarse de que los poderes públicos colaboren con las mafias en la comisión de un delito significa adoptar una actitud antisistema. El sistema, en consecuencia, es gansteril. Gracias por la aclaración, ministro, pero veníamos sospechándolo desde hace algún tiempo.
