El relato por entregas del gran naufragio está llegando al capítulo de las autonomías. Si no este mes, será con la rentrée cuando el gobierno concrete sus intenciones. Los coreutas de la tragedia coinciden otra vez en puntear el mensaje de la tranquilidad con invocaciones a la gravedad extrema de las cuentas del Estado. Preparan el ambiente de miedo que atenúe el impacto de la mala noticia cuando verifiquen que el plazo dado a las comunidades para incrementar ingresos y reducir gastos no alcanza los mínimos o máximos decretados. Algunas se resisten a aplicar las medidas generales, otras se declaran incapaces de hacerlo y exigen revisar la financiación, la catalana arrecia en la crítica del "café para todos" y ni siquiera las gobernadas por el PP son unánimes en la aplicación de las rebajas. El gobierno "gobernará", como suele decir, cuando los entes locales tiren la toalla. Viene haciéndolo con desigual fortuna en estricto cumplimiento de las recetas de la troika, hostiles a nuestro sistema autonómico.

Hay que estar preparados, porque aún es enigmática la profundidad de la intervención que se cocina en La Moncloa. No sabemos si quedará en remodelaciones pactadas o llegará a desvertebrar el sistema, insostenible, al parecer, frente a los retos del nuevo orden económico mundial que ha de nacer de la recesión generalizada. La primera fórmula puede tener efectos positivos sin lesionar la ya precaria estabilidad social, y la segunda, que pasaría necesariamente por la reforma de la Constitución, puede sumirnos en una confusión babélica. No es lo mismo acordar bilateralmente la devolución de ciertas competencias, refrendable por la sociedad a despecho de políticas numantinas, que cuestionar el principio de autogobierno. En este caso, el refrendo poblacional parece más dudoso.

El núcleo del problema está en la doctrina recentralizadora impuesta por los poderes supranacionales. Los pactos confederales, y también las federaciones, pueden sumar más o menos competencias que las autonomías españolas, pero reaccionan unitariamente a las directrices generales porque sin un principio inequívoco de solidaridad no hay Estado. Lo irreal sería eternizar la organización administrativa a partir de un punto de la historia, cuando a lo largo de ella ha mudado muchas veces por imperativo del cambio político, económico y social, y mucho más en un mundo globalizado que condena los delirios autárquicos. Mario Monti quiere reducir a la mitad las 110 provincias italianas, número absurdo que traduce una media de poco más de 545.000 habitantes por provincia (población de un municipio de tamaño secundario). Las fusiones municipales irán aparejadas y el proceso afectará inevitablemente a las veinte regiones administrativas del país, solo cinco autonómicas.