La pérdida de vidas humanas por un incendio constituye un drama inabarcable y de difícil superación. La Gomera pasó por esa amargura en 1984, con unas llamas que provocaron nada menos que 20 muertes. Casi tres décadas después la Isla revive el trauma. España sufría ayer diez incendios forestales, los más graves en La Gomera y Tenerife. Esta vez, por el momento, no hay víctimas, pero sí el trance de tener que calibrar las consecuencias medioambientales en La Gomera de más de 3.400 hectáreas calcinadas con un incendio con tres frentes descontrolados y 2.500 vecinos desplazados por seguridad. De esta superficie, unas 350 forman parte del Parque Nacional de Garajonay, un auténtico tesoro vegetal con la laurisilva como punto de atracción para la investigación botánica internacional. Las preguntas sobre el desastre son muchas, y a algunas de ellas tendrán que dar respuesta ante el juez los incendiarios, si las investigaciones concluyen que las cumbres de la isla colombina se quemaron de forma intencionada.

Sólo entre julio y agosto han ardido 10.650 hectáreas en Canarias. El ciclo de incendios del verano lo abrió Tenerife, con 5.000 hectáreas, de las que 400 forman parte del Parque Nacional del Teide, otro tesoro de indudable rentabilidad turística. Siguió La Palma, con un foco que se llevó por delante 850 hectáreas. En la misma isla, el incendio que se acaba de apagar arrasó 1.700 hectáreas. Tenerife vive este fin de semana horas de angustia con 2.200 personas que han tenido que abandonar sus hogares por otro incendio sin control.

Pero la existencia o no de delincuentes o dementes en los montes no evita una reflexión sobre hasta qué punto está bien asistido el archipiélago canario frente al riesgo del fuego, o si tal como apunta el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, el territorio insular está expuesto a una falta de medios y servicios de extinción por parte del Estado incapaces de ofrecer una respuesta inmediata. Los hidroaviones volvieron ayer a tardar 20 horas en su desplazamiento de la Península desde que los solicitó el Ejecutivo canario. Es una realidad que por sí sola es suficiente para que cunda la incertidumbre, cuando no el desasosiego dadas las últimas experiencias. ¿Estaba Canarias preparada para hacer frente a estos dos grandes incendios en La Palma y Garajonay? ¿Lo está hoy con Tenerife y La Gomera aún en llamas?

Nadie pone en duda la entrega de un operativo cuyos miembros se juegan la vida, ni tampoco de la mejor intención técnica de los que toman las decisiones para afrontar los incendios. Sin embargo, ni uno ni otro supuesto deben difuminar las prioridades que esperan ver cumplimentadas los ciudadanos: vigilancia extrema en tiempos de calor; alerta ante los incendiarios y capacidad de reacción para evitar que un fuego anecdótico se propague y termine siendo un volcán de compleja gestión; planificación entre el Gobierno central y canario a partir de la fragmentación del territorio insular, y el rechazo a la aplicación de recortes de personal y medios técnicos que pondrían en situación crítica la naturaleza, pero también la vida y los bienes de las personas.

Ángel Fernández López, director del Parque Nacional de Garajonay, mostraba el pasado jueves a este periódico su desolación por los daños ocasionados al espacio protegido, que han ido a más. "Es como si se me muriera un familiar", afirmaba en una entrevista en LA PROVINCIA. Este sentimiento tan contundente expresa la desazón de un científico ante el trabajo perdido. Dos o tres décadas de empeño que se han ido al cubo de la basura, y vuelta a empezar. Pero no es su único pesar. "Los incendiarios lo han estado intentando una y otra vez hasta que finalmente se han salido con la suya", se lamentaba el director del parque. ¿Sabían las Fuerzas de Seguridad del Estado algo sobre esta especie de crónica de una quema anunciada que se cernía sobre La Gomera? ¿Había denuncias en este sentido? ¿Se hizo lo posible para encontrar a los autores de estos conatos, antesala del desastre? Estas y algunas otras preguntas están ahí y no se pueden quedar sin respuesta, sobre todo para saber, primero, si los dementes o delincuentes están a buen recaudo y, segundo, para tener constancia de que un error u omisión policial se paga caro en estos casos.

Con las competencias antiincendios controladas entre los cabildos y el Gobierno -la actuación de unos u otros viene dada por el nivel de emergencia-, Canarias es un territorio cada vez más sensible al ataque del fuego por la africanización de su clima, con temperaturas elevadas y falta de lluvias. Las Islas viven una sequía donde las presas tocan fondo y el agua de riego empieza a racionarse en zonas de medianías. La falta de agua se combina con un ya veterano cambio de ciclo en sus pinares: el abandono progresivo de la agricultura, con el éxodo a la capital, ha propiciado que los bosques carezcan de mantenimiento, y que su limpieza y aprovechamiento dependa del erario público.

La vinculación ocasional con la tierra se pudo observar en los testimonios de algunos de los afectados de La Gomera, que, pese a vivir en Tenerife, mantenían en Alajeró las casas de piedra de sus antepasados con algún cultivo plantado en los terrenos, y asistido puntualmente. Estos habitantes ya no dependen del sector primario para vivir, como sus abuelos o bisabuelos. El despoblamiento, la soledad y abandono del campo canario, en especial en islas como La Gomera, El Hierro o La Palma, contribuye a que cualquier chispa, una colilla tirada desde un coche o una quema incontrolada de rastrojos pueda provocar un incendio de consecuencias impredecibles.

Este año ha sido el peor desde 2002 para España. Según las estadísticas provisionales del Ministerio de Medio Ambiente, entre el 1 de enero y el 29 de julio ardieron en el país 130.830 hectáreas forestales. Esto supone más del doble que la media del último decenio en ese mismo periodo, situada en cerca de 56.000. Las mismas estadísticas señalan que es el peor ejercicio de los últimos diez en número de grandes incendios, aquellos que abrasan más de 500 hectáreas.

El hecho de que la catástrofe sea general no es ningún consuelo para Canarias. El fin de más de 10.000 hectáreas en las Islas debe ser motivo para exigir más medios preventivos contra el fuego en verano. Primero, porque la nueva climatología impone ahora un crecimiento más costoso en el proceso de renovación vegetal, y segundo porque es una pérdida de valor frente al asfalto o la urbanización. Protegida la población, aunque aún con riesgo para sus viviendas, las hectáreas que se consumen en estos momento en Garajonay y en Tenerife representan un desgaste para un turismo que, además de sol y playa, se engancha a esas montañas míticas, llenas de leyendas y espíritus, para adentrarse en una naturaleza maravillosa y única.