El Centro Atlántico de Pensamiento, un 'think tank' o grupo de ideas liderado por el expresidente de la Cámara de Comercio Ángel Ferrera, y en cuyo núcleo directivo figura el expresidente de la Confederación Canaria de Empresarios Antonio Rivero, y los secretarios de esas dos organizaciones, José Cristóbal García y Luis Padrón, respectivamente, ha presentado su II Informe sobre el Planeamiento y la Gestión Racional del Territorio en Canarias, que por su exhaustividad, complejidad y alternativas merece más atención que la que le ha prestado el Gobierno de Canarias. Al menos, el Ejecutivo debiera enorgullecerse de que en estas Islas se constituyan instituciones independientes, sin compromisos previos ni ataduras políticas ni empresariales, que al margen de los partidos estén dispuestas a propiciar la participación de la sociedad civil en la esfera pública y contribuir, por lo tanto, a buscar soluciones innovadoras a los problemas de interés general para Canarias.

Parece evidente que por algunas actitudes y declaraciones el Gobierno presidido por Paulino Rivero tiene dificultades para conectar con el empresariado de Gran Canaria. Carece de la empatía suficiente, o si se prefiere de una mínima sutileza diplomática, para captar con sensibilidad, sin ofender, las demandas y reivindicaciones expuestas por los interlocutores más cualificados de la economía, las finanzas y el empresariado grancanario, recelosos ante lo que entienden como un trato de favor desde el Ejecutivo hacia los intereses de Tenerife, que copa el control de las instituciones y organismos clave encargados de la promoción turística de Canarias (Promotur), la política comercial en el exterior (Proexca) y la captación de empresas de vocación internacional (ZEC). El informe presentado por el Centro Atlántico de Pensamiento ha sido, de nuevo, una oportunidad desaprovechada para tratar de encauzar estos desencuentros que no hace apenas un mes el propio Rivero trató de solventar en una reunión privada con el Círculo de Empresarios de Gran Canaria.

Aunque el Centro Atlántico de Pensamiento y el Círculo de Empresarios de Gran Canaria pueden compartir en sus órganos directivos algunos miembros, los fines, intereses y organización interna de estas instituciones no tienen por qué ser afines, aunque en sus declaraciones, informes o comunicados existe un denominador común: la compleja, espesa y trabada normativa urbanística de la Administración canaria que paraliza millonarios proyectos de inversión en las Islas. Pese a la buena voluntad que no cabe por qué dudar que tiene el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, al promover la nueva Ley de Armonización y Simplificación en Materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales es conveniente recordar que, en este caso, con la intención no basta.

Que cada mes una media de doce proyectos de inversión acaben en los tribunales por divergencias con la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) supone un grado de judicialización en la planificación urbanística de las Islas no solo inaudito en el resto del territorio español sino injustificable, para una comunidad autónoma que no se puede permitir esta tensión e inseguridad económica y jurídica. Sobre todo, tras acabar el mes de septiembre con un 33% de la población activa en el desempleo.

Los esfuerzos, que no hay por qué negarlos, del Ejecutivo canario para desenmarañar la excesiva burocratización en la renovación sobre todo de los espacios turísticos no van, sin embargo, por buen camino. Las conclusiones del informe elaborado por el Centro Atlántico de Pensamiento inciden en lo expuesto ya con anterioridad por otras instituciones e inversores: el tiempo para poder adaptar los planes urbanísticos a la legislación vigente, un embrollo de textos refundidos, opacos y herméticos, es en exceso largo. Al final se acaba trasladando a los jueces la responsabilidad de fijar el criterio legal para el planeamiento de una zona, sin que exista ni una jurisprudencia clara, ni una legislación precisa que evite las en numerosas ocasiones sentencias contradictorias y confusas. Esta inseguridad jurídica conlleva además el efecto perverso de desconcertar a quienes tienen asumida la responsabilidad de desarrollar el urbanismo en la Administración pública, regional, insular y local, que temerosos de las consecuencias penales que de sus decisiones se pueden derivar, acaban ralentizando aún más todos los procesos por un exceso de control.

Sin que se ponga en riesgo ni en duda el principio de publicidad y participación pública en los planes de ordenación es conveniente acortar los plazos para que su aprobación final, como máximo de cuatro años, se pueda ejecutar en el transcurso de un mandato municipal, ya que un cambio en la corporación ralentizaría, cuando no daría una vuelta atrás, todo el procedimiento de ordenación urbanística iniciado.

Aunque tanto el consejero de Política Territorial como los analistas del Centro Atlántico de Pensamiento y el Círculo de Empresarios de Gran Canaria coinciden en que los actuales plazos para el planeamiento y la tramitación de los proyectos urbanísticos son en exceso largos, lo que afecta a la remodelación y rehabilitación de inversiones turísticas, algo ya de por sí inaceptable, pero aún más injustificable justo ahora ante la tan elevada tasa de paro que ha propiciado la crisis económica y financiera, divergen en cómo y dónde reducir los trámites precisos para que se aprueben cuanto antes los planes generales de ordenación.

La tramitación en el Parlamento de Canarias de la nueva Ley de Armonización y Simplificación en Materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales se presenta por lo tanto como una excelente oportunidad para tratar de conciliar las garantías legales exigibles en un procedimiento tan arduo y enredoso pero tan relevante y trascendente como es un plan de ordenación con una simplificación de la actual maraña normativa que confunde a los afectados y ahuyenta a las inversiones. En los actuales momentos de crisis se necesita más que nunca eficiencia, eficacia y realismo para poner orden en el desordenado ordenamiento del territorio canario.