Motivo es la causa o razón que justifica la existencia de una cosa o la manera de actuar de una persona. O de no actuar, como se recomendó desde las más diversas instancias sociales, de cara al paro general del pasado día 14. La huelga, desde luego, no tuvo el contundente apoyo y seguimiento deseados. El miedo a perder el trabajo, los más osados o la deducción del sueldo por inasistencia, frenó a muchos profesionales a secundarla.

Y que me perdonen los sindicatos, organizaciones imprescindibles como garantes de los derechos de los trabajadores, pero la inmensa mayoría de las 150.000 personas que invadieron las calles de la capital grancanaria durante la tarde noche del miércoles acudieron, no en apoyo a una convocatoria sindical sino para escenificar, como meros ciudadanos, su contundente rechazo a las medidas que aplica el Gobierno central. Fue una manifestación social, pura y dura.

Las organizaciones obreras deben asumir su parte alícuota de protagonismo, pero solo la justa. Su tardía reacción ante este y otros rosario de quebrantos sociales sobrevenidos en los últimos tiempos ha expuesto esa desafección. Fractura que les está pasando factura.

Pero analicemos. ¿Quién más tenía razones para protestar?

Veamos, ¿los banqueros? La banca española habrá recibido, desde el principio del proceso de reestructuración del sector hasta el año 2014, ayudas por valor de 91.059 millones de euros. Parece que no tienen demasiados motivos para vilipendiar al Ejecutivo estatal.

¿Fueron entonces los inversores los que también salieron a la calle el 14 N? Según los últimos datos publicados por el Banco de España, hasta el mes de julio la salida de capital en inversiones directas, inversiones de cartera, acciones y bonos, y otras inversiones sumaron 235.375,7 millones en los siete primeros meses de este año. Pues parece que tampoco.

Sigamos buscando... ¿Tendrían razones, quizás, para sentirse escamoteados con el Gobierno los que cometen fraude fiscal? El pasado mes de junio el Gobierno aprobaba el llamado Decreto-Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal y cuyo objeto es "regularizar los activos ocultos y hacer aflorar la economía sumergida". ¡Diana!

La ejemplar condena prevista para los que vulneren la Ley en este supuesto es, nada menos, que permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10% del valor de los bienes aflorados, siempre para rentas superiores a 100.000 euros. Como simple dato anecdótico: los contribuyentes pagan el 43%.

Me temo que tampoco fueron ellos los que salieron a la calle.

O quizás estaban, megáfono en mano, los que dedican su tiempo libre a sacar a pasear sus cuatro perras a Liechtenstein, Jersey, Isla de Man, Islas Feroe, Andorra o Gibraltar.

El pasado año, los europeos se llevaron 59.000 millones de euros a paraísos fiscales. Los datos de los españoles son un misterio, pero se cree que podría rondar en torno a los 4.000 millones de euros.

Por tanto, pocas quejas podrán proyectar los Adán y Eva nacionales.

¿Tendremos entonces que dirigir nuestras escrutadoras miradas, si cabe (o Sicav), a los acogidos a las Sociedades de Inversión de Capital Variable? Este grupo, intuyo, no encaja con el perfil pancartero: apenas pagan un 1% de impuestos sobre sus beneficios.

La lista de potenciales descorazonados con este estado socioeconómico se constriñe. Por la ley simple del descarte, ¿quién queda entonces que tuviera razones para intentar paralizar un país porque considera que es en él donde vierten todos los defectos de fábrica de esta economía de mercado? Huelga decirlo.