Está fuera de dudas que el factor humano de la industria marítima es decisivo en la prestación de un servicio de calidad y también, para la misma seguridad de la navegación. De su pericia depende la carga y, en los cruceros, la vida de cruceristas.

Nadie duda tampoco de la necesidad de un orden universal por tratarse de un sector globalizado en el que la nacionalidad de las banderas, la de los propietarios de los buques, la de los concesionarios no propietarios, la de las compañías aseguradoras y, sobre todo, las de las tripulaciones, se multiplican y entremezclan hasta hacer de la navegación marítima enormes torres de Babel en flotación. Por si fuera poco también arrecia de forma abrumadora la competencia en el sector, lo que casi impulsivamente está obligando a muchas navieras a competir a la baja en costes laborales.

No es de extrañar pues que alguien se encuentre en países en desarrollo con anuncios de oficinas de empleo, piratas en tierra, como el que motiva este artículo: se buscan marineros de cruceros con los dientes completos.

No es posible entrar en más detalles en un breve artículo. Bastara con mencionar que las exigencias legales obligan a la formación y la certificación oficial de la misma como requisitos para enrolarse en un buque.

Es mala cosa el exceso de normas. Parece ser que Napoleón decía que son tantas las leyes que nadie puede estar seguro de no ser colgado por su aplicación. Pero siempre hay algo peor, que las normas estén desfasadas o todavía peor de lo peor, que al proyectarse otras nuevas y antes de su entrada en vigor ya estén en desuso.

El Consejo de Ministros de hace unos viernes fue informado por el Ministro de Justicia -que, según parece, se dedica también a la regulación de la marina mercante y de pasaje- sobre un nuevo anteproyecto de Ley de Navegación Marítima, el enésimo en pocos años -el último de 2008 no llegó a debatirse por alcanzarle la disolución de las Cortes tres años después, nada menos. Lo alarmante es que tanto en dicho documento como en una Proposición de Ley presentada por un grupo de la oposición el pasado mes de julio se pretende legislar prescindiendo de las únicas normas que prácticamente valen en el sector marítimo que son las europeas y las internacionales. En lo relativo a la regulación de las condiciones laborales de los tripulantes me refiero.

Ha costado una decena de años que, por fin, entre en vigor un nuevo orden universal sobre el trabajo de la gente de mar. Una vez consensuada la norma, ni mucho menos impuesta, entre armadores, trabajadores del mar y gobiernos de todos los Estados con flota había que esperar a que fuera ratificada por al menos 30 parlamentos nacionales.

Esta condición se cumplió con la ratificación por la Federación de Rusia el pasado 20 de agosto. Se superó, además, con creces el porcentaje de la flota mundial que debían representar los primeros 30 Estados que asumieran la norma, alcanzándose el 60% del arqueo bruto mundial.

La rapidez con la que España, a través de la aprobación del Congreso y del Senado, se apresuró a ratificar el Convenio Internacional de Trabajo Marítimo consensuado en 2006 en la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra no se corresponde con el olvido del mismo en los proyectos de nueva regulación marítima. Para mayor desesperación, existe un Acuerdo Social europeo, celebrado entre armadores y el sindicato ITF así como una Directiva cuyos contenidos son la aplicación misma del Convenio. Valdrá calificar el hecho como incalificable. Ha bastado, parece, con ser el primer país europeo en "figurar" en la lista de ratificantes. Lo de casi siempre, estar aunque sólo sea para presumir.

Las Autoridades Portuarias saben de la existencia de la nueva norma. Pero, acabáramos, no forma parte de su ventanilla ni siquiera de cara a la absolutamente necesaria modernización de nuestra desintegrada multiventanilla y, por ello ineficiente, Administración Marítima.