Lo creo porque es imposible". Así finaliza un capítulo de la original novela La pesca del salmón en Yemen, que cuenta el disparatado proyecto de asentar la pesca de salmones en los cauces secos del país al sur de la Península Arábiga. La ópera prima de Paul Torday atribuye la frase a Tertuliano, que disertó sobre los Evangelios: "Credo, quia impossibile est". "Creo, porque es imposible".

Algo así le pasa a Artur Mas. Piensa que Cataluña puede independizarse y seguir siendo miembro de la Unión Europea. Pero su socio Durán y Lleida le ha dicho esta semana que no es posible: "El veto existe en la UE, no puedo negarlo, no puedo engañar a la gente". Durán, muchos años eurodiputado, admite que los Tratados "son lo que son" y para cambiarlos es necesaria la unanimidad. Poco antes, Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea, había confirmado por carta la tesis del Gobierno español, que insiste en que muchos otros países vetarían la entrada de Cataluña en la UE.

También estos días, otro vicepresidente, Joaquín Almunia, ha intervenido en el debate y, aunque su primera frase fue que Cataluña no saldría taxativamente de la UE en caso de independencia, añadió que, salvo que la secesión fuera pactada, el Estado que hubiera perdido parte de su territorio, debería comunicar a la UE que sería el que seguía siendo miembro. "Y el resto separado, a esperar. Y ya sabemos que la adhesión a la UE requiere la unanimidad", concluyó.

¿Por qué Almunia menciona la excepción del mutuo acuerdo? Porque el artículo 4.2 del Tratado de Lisboa, que entró en vigor en 2010, establece: "La Unión respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional." El Gobierno de Rajoy se acoge a este artículo por el que cualquier secesión pactada será legal, pero una secesión unilateral sería una independencia ilegal y habría que solicitar la adhesión. En sentido inverso, la antigua República Democrática Alemana no necesitó negociar su ingreso en la UE, porque se unificó de común acuerdo con la República Federal, pues la Constitución de la Alemania occidental lo permitía.

El presidente de la Comisión, Durao Barroso, manifestó en agosto que, en caso de una hipotética secesión, los derechos de la ciudadanía europea dejarían de aplicarse a los ciudadanos catalanes. En efecto, el artículo 20 del Tratado dice que "solo las personas que tienen nacionalidad de un Estado miembro son también ciudadanos de la UE, puesto que la ciudadanía de la UE es complementaria, pero no sustitutiva de la ciudadanía nacional". Además, en 2004, Bruselas respondió a un eurodiputado británico "que una región independiente nueva se convertiría, por el hecho de su independencia, en un país tercero respecto a la Unión y los Tratados no se aplicarían en su territorio".

A pesar de estos antecedentes, Mas, su portavoz y otras opiniones en la Comunidad Autónoma insisten en que la UE no tiene "posición definitiva", porque no hay nada legislado sobre ese hipotético caso. Naturalmente, la Comisión no tiene posición definitiva, porque no se ha planteado oficialmente ningún cambio. Ni siquiera en las 148 páginas del programa de CiU, para las elecciones del 25 de noviembre, se menciona la palabra independencia. En cuanto a la legislación, ¿se imaginan ustedes que una entidad que tiene como fin "la creación de una unión cada vez más estrecha de los pueblos de Europa", incluyera un artículo destinado a los que se quieran separar de su Estado? Es como si una asociación para la pesca del salmón admitiera a socios que exportaran esguines a países desérticos, recordando la novela citada.

Pero el problema para ser un "Estado en la UE" no sería solo la unanimidad, sino las dificultades en su fase de negociación. La UE subraya "la importancia histórica de que la división de Europa haya tocado su fin", pero los partidos catalanistas apelan a agravios del siglo XVIII. La UE reiteradamente confirma "su adhesión al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho". Mas, con su anunciada consulta soberanista, ha demostrado que no respeta las leyes. Al decir a los empresarios que se abstengan de opinar en este debate, y con su reprimenda a Durán por expresar la verdad, pone en evidencia que no cree en la libertad de expresión.

La UE desea "fortalecer el funcionamiento democrático y eficaz de las instituciones". Pero Mas no respeta este principio por mezclar los intereses de su partido con los generales. Igualmente se tendrá que resolver el presunto caso de financiación irregular de CiU, a través del Palau de la Música, por el que ha tenido que pagar una fianza de 3,2 millones de euros.

La UE defiende "acrecentar la solidaridad entre sus pueblos", pero Mas podría cambiar su "España ens roba" por el "Europa nos roba". La UE establece "la no discriminación por nacionalidad, sexo, raza u origen étnico?", pero en Cataluña no se respeta la igualdad de las dos lenguas cooficiales. La UE promueve "la realización del mercado interior", pero los gobiernos autonómicos penalizan a las empresas que no rotulan o etiquetan en catalán.

La UE quiere "reforzar la identidad y la independencias europeas con el fin de fomentar la paz, la seguridad y el progreso en Europa y en el mundo", pero "la independencia no va de la mano de la globalización", como declaró Romano Prodi, expresidente de la Comisión, en 2011, a una radio catalana.

Con razón, Jordi Pujol manifestó hace dos meses, en la localidad alicantina de Altea, que "la independencia de Cataluña es casi imposible". Por eso, porque es casi imposible, lo creen.