En este país tan propenso a la ley del fonil (embudo) hay por lo visto efectos llamada y 'efectos llamada', o viceversa, que siendo en principio iguales son diferentes según quién los provoque o por qué lo hagan. Los porqués son infinitos, porque infinitas son las posibilidades de la retórica. Ahora el Partido Popular, agobiado por una crisis que no responde al chapucero diagnóstico previo ni al recurso a los cantos tribales y a las artes de la brujería moderna, ha encontrado una manera de aliviar las penas anunciadas para el Banco Malo (¿ y los demás qué son, buenos?) y para todos sus accionistas financieros. ¿Cómo va a desprenderse este almacén inmobiliario de sus activos 'tóxicos' si, como la realidad lo ha demostrado, las medidas de austeridad conducen a la recesión, y la recesión a quien primero golpea es a la construcción y venta de viviendas?

Nadie había reparado en ello, como no suele repararse en los huevos de Colón. ¿Cómo hacer que un huevo se mantenga sin caerse, apoyado en uno de sus extremos? Dándole un golpe por arriba para que se 'aplane' por debajo. Hale hop. Había un problema, como diría Aznar, y se ha solucionado. ¿Y si prometemos a un sector de inmigrantes o forasteros primeras o segundas residencias a precios de saldo europeos: 160.000 euros, por ejemplo? Elemental, querido Watson (en este caso Jaime García-Legaz, secretario de Estado de Comercio) que diría Sherlock Holmes (en este caso el gallego Mariano Rajoy).

Por supuesto, portavoces autorizados, o no, se encargan de advertir que esto no tiene nada que ver con el 'efecto llamada' de los tiempos de Zapatero; que no va dirigido a los inmigrantes sin poder adquisitivo sino a un segmento con posibles. "Sobre todo - indica el artífice de la propuesta- al mercado ruso y chino". ¿Ruso?, ¿chino? ¿y por qué no rumano, albanés, serbio...? Se supone que no podrá establecerse un agravio comparativo si aparecen colombianos, mexicanos, con 160.000 euros... o árabes que sean amigos de Al Qaeda pero que no se sepa; o chulos de putas que compran dos adosados y montan un negocio de los de amortización rápida.

El presidente Rajoy no ha confirmado ni desmentido, siguiendo su tónica sin nada habitual: acabar con el stock apalancado es clave para la economía nacional, "pero no se puede repetir la burbuja". Una repetición que sin embargo se está siguiendo a pies juntillas con la reforma de la ley de Costas y con algunas burradas constitucionales como la creación de una ciudad al margen de la ley general, de la exclusiva propiedad de un magnate (y dicen que mangante) del juego norteamericano, el tal Sheldon Adison.

La idea del Secretario de Estado de Comercio en realidad no es nueva; lo que es nuevo es que la compra de una casa se considere un documento más, y fundamental, para tramitar la residencia y convertir a un inmigrante en residente por la vía rápida. Lo cual no es malo, si no se denigrara y acosara y expulsara a los pobres. Los suecos y los alemanes ya compraban bungalows y apartamentos en Gran Canaria en los años 60. Y muchos de ellos se convirtieron en apasionados isleños, hoy con voz y voto en la economía y en la política local.

Aunque el viceministro de marras afirma, a modo precautorio, que "no se puede poner un límite de precio más bajo, porque generaría una demanda masiva de permisos de residencia", para las mafias y los delincuentes de guante blanco, marrón o negro, 160.000 mil euros es una inversión ridícula si asegura un adecuado beneficio y, sobre todo, la oportunidad de contar con una 'madriguera' blanqueada.

No es normal este desprecio por las leyes y por el principio de igualdad, que se está quebrando por todos lados. Por las tasas judiciales de Gallardón, que rompen la tutela judicial efectiva; por los privilegios inauditos a un inversor de casinos; por ayudar a la banca y no a los ciudadanos; por el trato de favor a los defraudadores fiscales; por la división de los forasteros en dos categorías: los que tienen dinero y los que no lo tienen. Todo esto es combustible para la rebelión social.