Nuevamente los hechos desmienten a los discursos. Nunca creímos que se creyeran que la investigación, el desarrollo y la innovación fueran su prioridad, las bases para el desarrollo de una nueva economía en las islas y un medio para escapar de la crisis. Mienten tanto como extenso y vacío resulta su discurso.

Un año más el Instituto Tecnológico de Canarias, única empresa pública en Canarias que vertebra su actividad en el ámbito de la I+D+i, única institución científica y de innovación con representación efectiva en casi todas las islas, es la empresa pública que sufre el mayor recorte presupuestario, más de tres millones de euros respecto al ejercicio anterior, un recorte del 62% sobre un presupuesto que ya fue reducido en 2012 en un 40%, la empresa peor tratada ya en aquellas fechas. ¿Qué hace del ITC una empresa pública diferente para sufrir este singular trato por parte del Gobierno de Canarias? Quizás sea el hecho de que es la única empresa que despliega su actividad en el campo de la innovación y el desarrollo que, como todos saben, en Canarias es algo que sobra, no en vano somos una de las regiones que menos invierten en I+D en uno de los países que menos gasta en este campo en Europa (todo un éxito, todo un récord). Quizás sea que el ITC fuera la única empresa pública que habría sido capaz de realizar actividades efectivamente productivas si el Gobierno de Canarias se lo hubiera permitido, como la producción de energía. Pero el ITC no es el ITER, empresa del Cabildo de Tenerife la cual, a diferencia del ITC, tiene venia para concurrir a los concursos públicos de asignación de licencias de explotación de energías renovables, aunque compita contra empresa privadas con recursos públicos. Puede que la diferencia sea que el ITC no subcontrata la mayor parte de su actividad a misteriosos terceros, trabaja en tecnología y no montando saraos y espectáculos bajo la coartada de la promoción de las islas para más gloria de los que firman los presupuestos. Puede que su convenio colectivo dificulte el enchufe directo de clientelas y parientes. Tal vez resulte simplemente que, en vías de demolición del Instituto Canario de Ciencias Marinas, el ITC es la única entidad no universitaria con un centro de investigación de cierta envergadura en Gran Canaria. Puede que el ITC, a diferencia de la Televisión Autonómica (sólo le recortan un 9% de su presupuesto), no sea un instrumento de primera necesidad para generar conciencia, en definitiva, el ITC sólo trabaja para potenciar y promocionar el ahorro y la eficiencia energética, el uso sostenible de los menguados y sobreexplotados recursos naturales de las islas o en temas tan prescindibles como el plan de vigilancia de pesticidas (a quién le importa lo que comemos ¿veneno?) El ITC no es tan esencial como la televisión autonómica, nunca vimos a ningún político vestido de romero animando a los pajareros en el ITC en prime time. Puede que al final de todo las diferencias sean más simples y evidentes, el ITC es la única empresa pública de Canarias bajo la dirección del PSOE que, como todos saben, está en el pacto político de gobierno para garantizar una política de progreso en las islas, para cambiar las bases de nuestro desarrollo, para proteger los empleos públicos y el carácter público de los servicios esenciales, sanidad y educación que, como también sabemos, nada tienen que ver con la investigación y el desarrollo, al menos en Canarias... O les han hecho trampa en el presupuesto, o todo ese discurso del PSOE también era una patraña, una patraña compartida con sus socios de Coalición Canaria. Y siguen haciendo trampas. La televisión autonómica, una oportunidad fallida que deberíamos recuperar para las islas, tiene garantizado el 100% de su presupuesto, sólo es necesario compensar la reducción directa en sus cuentas con aportaciones extraordinarias camufladas en el presupuesto de otras entidades, por ejemplo y como ya ocurrió en otros ejercicios, en el presupuesto de la Agencia Canaria de Investigación Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi), que, a pesar de sufrir una reducción global de entorno al 30% de su presupuesto, incrementa una sugerente y misteriosa partida de gastos corrientes bajo el epígrafe de comunicaciones en unos cuatro millones de euros, cifra muy similar a la cantidad en la que se reduce el presupuesto asignado directamente a la Televisión Autonómica. En el pasado ejercicio de este apartado de gasto de la Aciisi se transfirió dinero a la Televisión de Coalición Canaria, que como sabemos es la mayor innovación a la que se puede aspirar en estas islas. Puede que ITC sea una empresa pública no viable, como los hospitales públicos, las escuelas públicas y la universidades públicas (lo público sólo es viable si los compromisos públicos comprometen en verdad, pero todos sabemos que los compromisos políticos que articulan lo público sólo lo son si garantizan poltronas, el resto sólo son ciudadanos). Pero no siendo el ITC viable ¿qué responsabilidades tienen por ello los que siempre gestionaron esta empresa pública? ¿Qué responsabilidad tienen Javier González Ortiz, antiguo miembro del consejo de administración del ITC, Jesús Velayos, antiguo gerente del ITC hasta su destitución/dimisión con un querella por amenazas, don Juan Ruiz, antiguo director de I+D y consejero delegado del ITC, don Jorge Rodríguez, antiguo presidente del consejo de administración del ITC? Nos tranquiliza pensar que estos insignes y destacados dirigentes del Coalición Canaria, miembros del actual gobierno y antiguos directivos del ITC son justamente las personas que dirigen en la actualidad la Hacienda Canaria, la Presidencia y las entidades de promoción y desarrollo del archipiélago y todo ello en la más profunda crisis jamás sufrida por estas islas y bajo la competente y comprometida vigilancia de un PSOE hábil, fuerte y socialmente comprometido con algo más que la simple permanencia... como todos sabemos.