Un vídeo demuestra que la patrullera de la Guardia Civil embistió a la patera que llegó a Lanzarote con jóvenes marroquíes y el ministro del Interior, ese que está contra los matrimonios homosexuales, no solo no reconoce que el cuerpo armado mintió en el informe que coló a la juez y a la delegada del Gobierno, sino que cierra filas a favor de sus subordinados y en detrimento de los desamparados inmigrantes.
La juez pasa también de esa grabación visual clave e irrefutable porque a su juicio no aporta nada nuevo. Se sacude el asunto de encima, igual que hace Bento, que se quita el marrón haciendo causa común con sus subalternos. Al final nunca pasa nada. Ya vieron la paliza de los mossos d'esquadra a otro inmigrante en los calabozos. Fue grabada por las cámaras de seguridad, fueron condenados y el Gobierno los indultó. Las autoridades siempre están a favor de los fuertes y en contra de los débiles. Es la cobardía en grado sumo de los poderosos.
La fiscal de extranjería, la misma que tenía prisa por repatriar a los jóvenes marroquíes de la patera anterior, incluidos los menores de edad, ha cometido un error garrafal en el juicio contra 25 presuntos mafiosos de una trama rumana que se dedicaba a la supuesta prostitución y robo de menores. Ha dejado escapar a unos facinerosos que cometían sus tropelías en la isla por un simple defecto formal.
¿Quién paga por todo esto? ¿Qué políticos pagan las indemnizaciones multimillonarias a los damnificados por levantar edificios ilegales, como la supercomisaría o la biblioteca pública? ¿Quién paga por la muerte de una niña que no pudo operarse a tiempo? Políticos, jueces, policías y fiscales cometen atropellos flagrantes y aquí no pasa nada. Si eso lo hace un pobre hombre lo enchironan sobre la marcha.
Los jueces se permiten convenciones en hoteles ilegales y los fiscales hacen sus congresos patrocinados por bancos o empresas de condenados. ¿Qué harán cuando tengan que actuar por un desahucio o por un juicio con intereses empresariales?
Los jueces y los fiscales pueden tener todo el derecho del mundo a hacer huelga, pero a ellos no se les descuenta, como a cualquier hijo de vecino, los días que no trabajan porque el Consejo General del Poder Judicial así lo decide arbitrariamente. Aquí hay huelga en la justicia y los únicos que apoquinan son los trabajadores de base, los funcionarios de más bajo escalafón. Los jueces son unos privilegiados que cobran por hacer huelga. En este estado de miseria lo que molesta a la gente humilde no es solo la crisis, sino la jeta que tienen los poderosos contra los humildes y la absoluta impunidad de sus fechorías.
