La realidad social tan difícil en estos momentos cuestiona la financiación pública de todo aquello que no revierta en la sociedad. Un ejemplo de esto son los equipos de fútbol que reciben ayudas públicas, directa e indirectamente, a través de diferentes fórmulas. Por un lado, los millones de euros que la administración local o autonómica -a veces ambas- destinan del erario público a dichas entidades deportivas con el nombre de sus ciudades. También las aportaciones de fundaciones en las que algunas administraciones públicas son patronos. Además, se les da apoyo económico por parte de entidades financieras, constituyéndose las administraciones públicas en avalistas de los préstamos, en muchos casos millonarios. Asimismo, las instituciones comprometen sus fondos en estas asociaciones profesionales, en alquileres de recintos deportivos -por debajo de su valor de mercado-, o bien aportan sumas significativas para la realización o acondicionamiento de instalaciones en terrenos de entrenamiento de equipos locales. Otras veces, se recurre al patrocinio por parte de las administraciones y la propia incursión de éstas en el accionariado de la asociación deportiva. Todo ello, sin olvidar aquellos que han saneado sus finanzas gracias a la recalificación de suelos y operaciones inmobiliarias con la connivencia de la administración competente. Estas actividades especulativas han supuesto más de mil millones de euros en los últimos cinco años. Sin olvidar aquellos que reciben trato privilegiado a diferencia del resto de la sociedad, como el caso singular de la dación en pago del nuevo Mestalla de Valencia, que fue aceptada por Bankia. El importe ascendía a 243 millones de euros.

Es destacable la falta de voluntad por parte de Hacienda para cobrar la deuda de las asociaciones deportiva -miles de millones de euros-. En algunos casos, equipos y administración llegan a acuerdos para acometer los pagos estableciendo una serie de cómodos plazos, que distan mucho del trato dispensado al ciudadano de a pie.

Parece ser un tabú que las sociedades deportivas se autofinancien para evitar, así, que con dinero público se contribuya al dispendio futbolístico.