No es anómalo que el poder judicial enmiende la plana al ejecutivo, pero lo contrario no suele abundar. Todos los cañones del gobierno apuntan al juez Castro por haber dictado un auto de imputacion de la infanta Cristina en el que, simplemente, la cita a declarar con el probable ánimo de evitar la trágala en su exculpación del caso Nóos y derivados. Después de que el fiscal Horrach impugnase el auto, la abogacía del Estado también se posiciona en contra. Tienen todo el derecho, pero llaman demasiado la atención. Con defensores de este calado, al abogado Miquel Roca ni le dejarán estrenarse, a menos que la Audiencia de Palma restaure la razón jurídica por encima de la política y la hija del Rey asuma un acto tan normal y patriótico como el de colaborar con la justicia en el esclarecimiento de un feo asunto que, hasta ahora, no la involucra.

Claro parece que la familia real y el común de los españoles pertenecemos a etnias diferentes. Si a usted o a mí nos imputa un juez de manera presuntamente arbitraria, es improbable que la Fiscalía y la Abogacía nos defiendan tan espontáneamente, entre otras razones porque no les llegará la noticia, y, de llegarles, les importará un bledo. Lo previsible es que tengamos que invertir mucho tiempo, esfuerzo y dinero en defendernos, porque, amigos, aún hay Pirineos, como decía mi querida madre en defensa de su jerarquía famiiar. Con este desdichado escándalo se han empeñado en que tome partido hasta el más pasota, y ya gana por goleada el sentir de que la declaración de la infanta relajaría tensiones. Lo que contempla una sociedad atónita es el test de las diferencias que separan una familia real de una familia presidencial.

El señor Urdangarin se comportó como un parvenu aficionado a la pasta y exhibió una talla moral inversamente proporcional a la física. Pues que pague, y punto. Sus errores le pertenecen por entero. Pero mosquea bastante la aversión, o el pánico de que un juez íntegro -y si es "estrella" da igual, a condición de que cumpla con su deber- pueda poner en apuros a una descendiente de todas las dinastías reales habidas en Europa y parte del extranjero. Además de mosquear, abona la sospecha de una vulnerabilidad muy poco tranquilizadora en perspectiva nacional. Salvo error, Cristina de Borbón y Grecia no es una institución del Estado.

Humildemente insisto en que irían mejor las cosas si no hicieran tanto ruido. Todos unidos y yo el primero en la senda del deber, pensaría el españolito que amaneciese un día investido de la púrpura regia. Cualquier otra actitud hace mucho más apetecible una familia presidencial fácilmente pasaportable si no cumple. Son de imaginar las turbulencias que estas cosas remueven en el seno de la augusta familia. Todo el respeto para los sentimiento y las emociones, pero aplazar y no resolver con naturalidad las hará más dolorosas.