En el Ayuntamiento de Santa Cruz hay inscritos miles de ciudadanos fantasma. Vecinos que no existen, que no viven en la capital. Residentes que no residen aunque figuren en el censo o sus nombres estén en el padrón municipal. El descubrimiento de esta población inflada -hallada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a raíz de una investigación interna- pudiera quedar en una anécdota más o menos divertida, que diera pie a más de un chascarrillo a cuenta del pleito insular, si no fuera porque el padrón municipal es una de las variables más importantes para la distribución de los fondos regionales y nacionales entre las ciudades. Y como el dinero no es ilimitado, las subvenciones y partidas económicas recibidas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a cuenta de los miles de habitantes con los que no contaba perjudicaron al resto de municipios canarios, y en especial, a Las Palmas de Gran Canaria.

Por el volumen de la población virtual incorporada al padrón, los años durante los cuales se mantuvo el engaño -casi dos décadas-, la técnica empleada para modificar las cifras oficiales y los amaños contables y administrativos característicos de los años en los que en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife gobernó Miguel Zerolo, ahora senador de CC por designación de la Comunidad Autónoma, más que de un error administrativo parece que se trataba de una práctica intencionada. O más bien malintencionada. Propia de un habilidoso trilero que acaba en una manipulación tramposa con consecuencias económicas que no son para tomarse a broma y que podrían en algún caso derivar en responsabilidades penales. Justo lo contrario que se espera de un gobernante a quien se le exige limpieza y honradez en la gestión. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria no son cifras menores las que ha dejado de percibir el Ayuntamiento a cuenta de la población fantasma en Santa Cruz de Tenerife. Del Fondo Canario de Financiación Municipal, del Régimen Económico y Fiscal y del Fondo de Compensación Estatal debería de haber obtenido la capital canaria seis millones de euros más y Santa Cruz unos 50 millones de euros menos a cuenta del censo fantasma que se mantuvo oculto durante los últimos 17 años.

Los datos de la auditoría oficial del INE en el Ayuntamiento santacrucero van más allá de un simple error de apreciación, de una discrepancia numérica sin importancia. Los técnicos descubrieron que el censo oficial del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife contabiliza 14.917 habitantes que no existen. El gobierno local de esa capital, integrado ahora por nacionalistas y socialistas, admitió la semana pasada que hay 4.035 ciudadanos que figuran en el padrón municipal sin que siquiera se pueda acreditar la validez de sus documentos nacionales de identidad y otros 6.900 de los que no se tienen ni sus hojas de inscripción en el censo. Durante los últimos 17 años, ninguno de esos vecinos ha cambiado de residencia, pagado las facturas de agua o luz o solicitado un certificado para viajar. Un porcentaje de población ficticia relevante, que representa al 6% de los supuestos residentes en la ciudad. La irregularidad se comenzó a detectar en el año 2009, pero sin embargo no ha sido hasta esta mes cuando se ha reconocido oficialmente el fraude a raíz del envío anual que efectúan las corporaciones municipales cada año al INE con el número de habitantes empadronados para que el instituto configure el padrón oficial. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife comunicó al INE que tenía registrados el 1 de enero de 2012 a 221.742 vecinos, pero el instituto le contestó que, según sus informes, la cifra real es de 206.825 residentes.

La capital tinerfeña ha puesto ya en marcha una investigación para aclarar los errores de bulto detectados en su censo oficial desde el año 1996 y también para tratar de averiguar los motivos por los que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la segunda ciudad más poblada de Canarias, no contestó a los requerimientos realizados por el INE desde 2009. Al contrario que su antecesor en el cargo, el alcalde actual, José Manuel Bermúdez, se ha empeñado en limpiar un padrón ensuciado e inflado con documentos nacionales de identidad falsos e inscripciones irregulares de extranjeros no comunitarios. Los partidos políticos de la oposición municipal sospechan ahora que a la engañifa económica de ingresar fondos públicos a cuenta de miles de vecinos fantasma se añade la comisión de un presunto fraude electoral.

Más allá de una manipulación del censo con repercusiones electorales, que por el momento descarta el actual gobierno municipal de Bermúdez, lo que de verdad preocupa al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el daño causado a las arcas municipales del resto de los municipios del Archipiélago y en particular a las de la capital grancanaria por no recibir unos fondos que en justicia le corresponden por el número de ciudadanos residentes. Y de eso se trata. Por un lado, exigir las oportunas responsabilidades legales y económicas, ejemplares y contundentes, si se demuestra que se ha cometido un fraude, premeditado y perverso, en el censo; y por otro, compensar a Las Palmas de Gran Canaria y al resto de municipios del Archipiélago por el agravio económico, la injusticia contable y la discriminación financiera cometida en la distribución de los fondos públicos según el número de habitantes. Por dignidad, por respeto y porque es lo que les toca a la capital grancanaria y al resto de los municipios isleños: recibir lo que les corresponde por el coste de los servicios prestados a los vecinos. No más, pero tampoco menos.