La Memoria justificativa de la Lomce es, seguramente, uno de los documentos menos conocidos por la opinión pública, pese a que a mi juicio, pone en evidencia mejor que cualquier otro documento que esta ley es innecesaria e inoportuna, o lo que es, lo mismo es una ley totalmente injustificada.

La Memoria que acompaña a la ley Wert contiene, además de un apartado económico, una serie de apartados destinados a justificar legalmente los cambios propuestos o a justificarlos comparativamente con otros sistemas educativos europeos. Entre otros apartados figura uno dedicado a formular los objetivos perseguidos por la ley que puede sorprender a quien lo lea, pues en él se expone un objetivo que no aparece formulado en la propia ley: homogeneizar los requisitos y exigencias básicas del sistema educativo en todo el territorio, respetando las competencias de las Comunidades Autónomas.

En el diagnóstico del sistema educativo que aparece en la referida Memoria se reconoce que el sistema educativo ha evolucionado positivamente en varios de los indicadores esenciales asociados a la Estrategia Europea 2020, entre otros la escolarización en educación infantil o la tasa de titulación en educación superior, pero afirma que este proceso de mejora se ha detenido y que el sistema actual está estancado.

Mi impresión es que tal cosa no ha sucedido y que considerando el conjunto de indicadores establecidos por la Unión Europea para valorar los logros en la Estrategia Europea 2020 nuestro país es perfectamente comparable tanto a Francia como a Alemania. Así lo demuestra el nuevo documento de la comisaria europea de Educación cuando revisa la mencionada Estrategia. Pero si esta valoración ponderada no fuera suficiente tenemos dos evidencias que contradicen el juicio sobre el estancamiento del sistema. En primer lugar, hay Comunidades Autónomas que con el actual sistema educativo han logrado situarse en los primeros lugares tanto en la reducción de la tasa de abandono escolar temprano como en los rendimientos alcanzados en las pruebas internacionales. Esta evidencia debería ser suficiente para reconocer que el problema no es la estructura del sistema. No obstante hay una segunda evidencia. Durante los últimos cinco años todos los indicadores del sistema educativo han mejorado sustancialmente, incluida la tasa de abandono escolar temprano que, a este ritmo, alcanzará el objetivo previsto para el año 2015.

El sistema es mejorable, pero no requiere de cambios estructurales como los que se proponen. Insistimos una vez más en esta idea porque lo que se propone en la Memoria de la ley Wert es que gastemos, como mínimo, 500 millones de euros para unos cambios estructurales innecesarios y cuyo efecto previsible sobre el conjunto de los indicadores será negativo.

Pero, además de innecesaria esta reforma es inoportuna, probablemente, la más inoportuna de todas cuantas se han sucedido en las últimas décadas. Esta reforma, como se reconoce en la Memoria justificativa, se encuentra condicionada por dos elementos que nunca, hasta ahora, se habían dado: un compromiso de reducción del déficit público con la Unión Europea y un Real Decreto de racionalización del gasto público que ha modificado sustancialmente las condiciones en que las administraciones públicas atienden a las necesidades educativas. Estos dos condicionantes marcan toda la Memoria justifica desde el punto de vista económico, aunque uno de ellos sólo se menciona de una forma indirecta.

Nuestra capacidad de inversión en educación, conviene recordarlo, está limitada por el Programa de Reformas enviado a la Unión Europea que incluye una reducción de un punto del PIB en educación pasando del 4,9% al 3,9%, que supone aproximadamente 9.000 millones de euros. Dicho de otro modo, nuestra capacidad de inversión es menor que en cualquier momento de nuestra historia reciente.

Pero es que, además, esta misma política de ajuste ha tenido una consecuencia directa en este último año, la publicación del Real Decreto de racionalización del gasto público en educación.

Pues bien, la Memoria confirma lo que nos temíamos que los cambios propuestos sobre la ratio o el horario del profesorado se convertirán en estructurales y, por tanto, no eran sólo medidas circunstanciales. De hecho, el Real Decreto de racionalización del gasto público sólo ha sido un anticipo de la reforma y, ahora sabemos que en el nuevo sistema educativo la ratio profesor/alumno será de 30 alumnos y que el horario del profesorado será el que fijó el Real Decreto.

La Memoria de la Ley Wert, en su apartado económico, diferencia dos tipos de costes en la financiación del nuevo sistema educativo: los costes de implantación y los costes de consolidación. Los costes de implantación se localizan en los primeros años y afectan a los siguientes cambios: la creación de un doble itinerario en 3º y 4º de la ESO, implantación de la Formación Profesional Básica, implantación de las evaluaciones externas en Primaria y al finalizar la ESO, la implantación de pruebas de admisión en FP y la expedición de los títulos. Los costes estimados para estos cambios son los siguientes: casi 23 millones de euros el primer año, más 130 millones de euros y 255 millones de euros en los dos años siguientes. Una parte importante de estos costes será compensado por los ahorros producidos como consecuencia de lo que se denomina "compactación" del Bachillerato (aproximadamente 137 millones de euros).

Los costes de consolidación del sistema educativo son los derivados del aumento de la tasa de titulación en cada una de las etapas educativas, así como los derivados de la reducción de la tasa de abandono escolar temprano. Según la estimación del MECD, incrementar un punto de la tasa de titulación en Bachiller supone un coste de 74.365.011,77 euros y un punto de la tasa de titulación en Ciclos Formativos de Grado Medio sería 88.595.351,51 euros. Además, incrementar un punto la tasa de titulación en Formación Profesional Básica sería de 24.989.141,27 euros.

La Memoria deja bien claro que toda mejora en las tasas de titulación supone un aumento de los costes y, por tanto, contradice el principio, defendido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, de que la mejora en los resultados educativos no estaban vinculadas a la financiación. La estimación de los costes de financiación en el mejor de los escenarios previstos por el MECD será de 927 millones de euros, mientras que en el escenario más probable será de 500 millones de euros.

El MECD considera que debe contribuir a la financiación de los costes de implantación, pero considera que los costes de consolidación corresponden exclusivamente a las Comunidades Autónomas. La justificación de esta respuesta diferenciada en la financiación no tiene desperdicio, por eso he querido reproducirla literalmente.

Debe advertirse que la ley se limita a establecer las condiciones más favorables posibles para que el sistema educativo alcance estos objetivos, pero no impone a las Comunidades Autónomas nuevas obligaciones de gasto que deban ser objeto de compensación financiera. Cada administración educativa mantiene su plena capacidad decisoria para determinar la dimensión y configuración de su oferta educativa, siempre dentro de sus disponibilidades presupuestarias.

Una vez expuestas estas consideraciones, creo que no sorprenderá a nadie que la Lomce llegue al Parlamento sin el consenso necesario de las Comunidades Autónomas sobre la estimación de sus costes y sobre su financiación. Además, en la última Conferencia Sectorial de Educación el ministro se comprometió a crear una comisión de trabajo para estimar los costes tanto de implantación como de consolidación que, hasta el momento, no ha sido convocada.

Creo que en este contexto la inoportunidad de cualquier reforma estructural está fuera de duda. Esta ademas surge para implantar un sistema educativo que coge toda la carga ideológica más conservadora de tal modo que nos retrotrae a situaciones anteriores a la Ley Villar Palasí del franquismo en 1970. A nuestro juicio hubiese sido mucho más razonable concentrar nuestras posibilidades en los objetivos que compartimos todas las Comunidades Autónomas limitando los cambios estructurales y aprovechando el ordenamiento existente con las adaptaciones necesarias. Todavía estamos a tiempo de evitar este error.