En España en general, pero en Canarias en particular, las administraciones han tenido que sacarse de la manga varias veces unas leyes de punto final -nombre tomado de la Argentina, como la palabra escrache, tan de moda- para frenar en seco actitudes y actuaciones que se han ido situando no en los márgenes imprecisos de las leyes sino abiertamente contra la ley.

Así, un gobierno de Saavedra sacó una propuesta del consejero José Francisco Caco Henríquez para la legalización del territorio legalizable, y después palo y tente tieso urbanístico, que luego no sirvió para nada, porque los alcaldes siguieron haciendo de las suyas hasta convertirse, en palabras de un fiscal de medio ambiente, en verdaderos delincuentes. Con la Ley de Costas ha pasado lo mismo. Cada acto de contrición y propósito de la enmienda no ha conseguido impedir que la codicia desaforada siguiera haciendo lo que se hizo en Corralejo en los años sesenta y setenta, en que se vendieran parcelas en marea baja. Y cuando llega la hora de la verdad, porque el Cuponazo solo toca una vez, se demuestra que la capacidad marrullera es infinita, así como la creencia de que la impunidad de una ocasión es una vacuna de por vida.

En 1974 algunos denunciamos lo que se estaba haciendo con las dunas, la charca y el oasis de Maspalomas, y llegamos a pedir, queríamos ser precavidos, su declaración como Parque Nacional y el amparo efectivo de las leyes de Costas y Montes entonces vigentes. No puede decirse, con fundamento, que nadie dijera nada al respecto, y que nadie reaccionara ante los desafueros -palabra exacta al caso- que se venían perpetrando en el lugar. Por in-tervenir, intervino pocos años después el Tribunal Supremo, que dio la razón a los que pensaban que hay cosas que no pueden ser, y que tienen que ser ilegales porque la razón no las admite como razonables, que es el primer condicionante de toda ley. Por eso fracasará el revisionismo de Gallardón: porque la sociedad ha establecido ya lo que es razonable sobre el aborto, las libertades de opinión e información, el acceso a la justicia en igualdad de oportunidades y un montón de temas que son indiscutibles en la Europa regida por la tradición humanista y por los Tratados. Ilegalidades y barbaridades suelen ir juntas, y producen por abuso el efecto de la gota que desborda el vaso.

¿En qué proyecto turístico dice todo el mundo, canario y honesto, que está de acuerdo? Pues en uno que respete el paisaje, la naturaleza, la arquitectura tradicional, el folclore, el patrimonio... y que ofrezca alternativas o complementos al sol y playa. A ninguna persona sensata, y sin intereses espurios y especulativos en el entorno se le ocurriría proponer un modelo que consumiera suelo público del palmeral, o que consintiera en privatizarlo, que se levantara un hotel muro que tapara la vista en la avenida de Colón -si hubiera estado allí Bill Gates se hubiera llamado avenida Bill Gates o avenida Microsoft- o que el Ayuntamiento ideara otra mejora urbanística levantando en la plaza-azotea del parquin un centro comercial que encima de privatizar el paisaje convirtiera el paseo en un callejón semitúnel.

Los ejecutivos de TUI, compañía en que RIU es accionista de peso, dicen que la oposición de Lopesan a derribar el Hotel Oasis para sustituirlo por un mamotreto que parece ideado por enemigos turísticos de Gran Canaria no es la mejor forma de llevarse bien con el turoperador alemán co-controlado por los mallorquines. No se entiende, entonces, por qué desde que RIU entró en su accionariado TUI quitó a la cadena canaria de sus catálogos, e incluso impidió que se anunciara en los mismos como publicidad pagada. Otros que no han leído el Eclesiástico, uno de los libros más sugerentes e imperecederos de la Biblia por la sabiduría de sus consejos, como este: "El que tira una piedra a lo alto, encima le cae". Las opiniones de este empresario alemán son, de todas formas, muy interesantes. Pero los canarios son los que tienen que decidir qué hacer con su tierra y con sus motores de desarrollo. Y el Cabildo es el que tiene esta competencia, que es innegociable e intransferible porque emana de la soberanía popular, como el Gobierno de Canarias, en la parte que le toca.

Todos los demás deben hacer algo que ya no se hace: ponerse firmes y en posición de saludo cuando hablan las leyes o las sentencias. Una de las características esenciales de la democracia es que las urnas y las instituciones emanadas de ellas no pueden ser sustituidas por los sobres que no contienen votos ni condicionadas por las amenazas.