El economista Arthur Laffer quiso explicar hace cuarenta años con su famosa curva que una presión fiscal excesiva daña la actividad económica y que, como consecuencia, se produce una caída en la recaudación al haber menos que gravar y dónde gravar. Laffer escribió en una servilleta de un restaurante de Washington, en el que solía cenar, una U para resumir su teoría pero también podía haber dibujado una pescadilla mordiéndose la cola. La voracidad fiscal no es una buena receta para salir de la crisis y sus efectos suelen resultar contraproducentes. Se empieza con grandes recaudaciones de tributos bajos y se acaba con pequeños ingresos provenientes de impuestos altos. Las economías alicaídas no lo soportan y mucho menos los países que intentan mantener un Estado del bienestar social.

Laffer, asesor de Reagan en los años ochenta, ha querido ahora ahondar en su teoría de que la carga fiscal acaba frenando el crecimiento económico. Y para ello ha elegido como ejemplo a España. Lo primero que hay que hacer, ha dicho, es bajar los impuestos, y lo segundo, llevar a cabo un recorte en condiciones del gasto a medio plazo.

En cuanto a los recortes, en el caso español ya no queda apenas tejido social donde meter la tijera. Pero sí existe, sin embargo, un terreno intocable de la Administración y la burocracia donde el Gobierno debería empezar a reducir el gasto público. De su entorno, España es el único país que no se ha preocupado por atajar como es debido el derroche territorial. Hasta Italia ha tenido un mayor celo en ello. Por lo que concierne a la bajada de impuestos, está claro que no es práctico ni justo subirlos más porque ni tan siquiera se producen mayores ingresos y el castigo recae siempre en la sufrida clase media.

Pero como el estado social hay que pagarlo, habrá que ingresar dinero. Laffer podía haber tenido en cuenta un tercer objetivo: la lucha contra el fraude fiscal, que en Europa se está convirtiendo en un gravísimo problema para las sociedades avanzadas donde existe proteccionismo. Eso no consiste, desde luego, en declarar amnistías fiscales, como España e Italia, ni en regularizaciones punitivas no negociables, como en el caso francés.