Canarias, en la nueva era energética

Se deja sin efecto el régimen económico específico para las renovables en Canarias, que aseguraba que el Gobierno central tendría en cuenta en su planificación energética las condiciones especificas de las Islas y las necesidades contempladas en el Pecan en materia de energías renovables.

A continuación, en marzo de 2012, se adopta un nuevo paquete de medidas que modifica criterios de retribución, afectando al transporte, la distribución y a la comercialización de energía eléctrica. En concreto, para Canarias, fija dos meses para proponer una revisión del modelo retributivo de las centrales de generación, que tendrá en cuenta los nuevos criterios establecidos. Un año después de haberse cumplido el plazo, la revisión sigue sin hacerse.

Al mismo tiempo, se suspende la Planificación 2008-2016, o lo que es lo mismo, se paralizan las instalaciones previstas.

Llegamos a julio con medidas que se aplican con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2012, como la imposición de un suplemento territorial en los peajes de acceso y tarifas de último recurso, que debe ser abonado únicamente por los consumidores.

Y en diciembre se aprueba una Ley que regula nuevos impuestos, asignando un 7%, por ejemplo, al impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, el Consejo de Ministros aprueba un Plan Anual que incluye instalaciones para Canarias claramente insuficientes.

Mientras iba ocurriendo todo esto, Canarias reclamaba del Estado el reconocimiento de su singularidad, sin comprender cómo no se ponían en marcha las medidas realmente necesarias, si estamos todos de acuerdo en que las características radicalmente diferentes de nuestro sistema exigen el reconocimiento de una retribución específica para la renovables, la regulación del balance neto para el desarrollo de la generación distribuida, la adecuada planificación en redes de transporte, bombeos e interconexiones, el cumplimiento del convenio firmado con el Estado para la financiación de proyectos de ahorro y eficiencia energética y de implantación de energías renovables?

A estas alturas, ya no quedaba duda de las ventajas económicas, ambientales y sociales de la implantación de estas energías en Canarias, que cuentan con un porcentaje de participación ridículo en comparación con sus recursos endógenos y con la penetración de renovables en la Península y que, sin embargo, supone para el sistema unos costes de generación muy inferiores al coste de la generación de origen convencional.

Por el contrario, empezamos 2013 con la sorpresa de la aprobación por el Consejo de Ministros de un Proyecto de Ley, increíblemente denominado "para la Garantía del Suministro e Incremento de la Competencia en los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares".

Lo primero que olvida este texto es que, por Ley, la regulación de las singularidades de los sistemas insulares y extrapeninsulares tiene que ser acordada por el Estado con las comunidades y ciudades autónomas afectadas. En concreto, en Canarias tenemos un sistema energético peculiar con respecto al sistema peninsular, que exige un escrupuloso respeto a la lealtad ente ambas instancias y a las competencias normativas y ejecutivas autonómicas, así como la necesidad de desplegar todos los mecanismos de colaboración interinstitucional que sean necesarios para conseguir los objetivos de esta norma.

Es un documento breve, con solo seis artículos, pero ya el primero sobresalta con su lectura. La generación de energía eléctrica de una empresa no puede superar el 40% del total. Es decir, en ausencia de otras empresas interesadas en operar en Canarias, las inversiones previstas quedarán paralizadas, pudiendo dar lugar a situaciones de riesgo del suministro. De esta forma, se limita un mercado que estaba liberalizado.

El artículo segundo deja en manos del Estado la decisión sobre las instalaciones de generación en Canarias, sin que la Comunidad Autónoma opine siquiera sobre las tecnologías a utilizar.

Además, a lo largo de todo el texto, el Estado se atribuye competencias relativas al régimen sancionador y de intervención, que corresponden a la Comunidad Autónoma.

Desde la responsabilidad de garantizar a todos los canarios la calidad y la seguridad del suministro energético, se pidió al Ministro que recapacitara y escuchara lo que Canarias tenía que decir, siendo conscientes de que el proyecto de ley tendría el respaldo suficiente en el trámite parlamentario con los votos que sostienen al Gobierno de España, y que solo un acuerdo previo podría mejorar sustancialmente el proyecto de ley. A nuestro favor, argumentos sólidos y la certeza de que no es posible que desde el Ministerio se pretenda perjudicar a Canarias.

Hemos acudido a negociar cuando, como y donde el Ministerio ha decidido, hemos expuesto con claridad y firmeza nuestros puntos de vista y, finalmente, se ha logrado un acuerdo que permite que las empresas con más de un 40% de potencia de generación instalada, puedan acceder al régimen retributivo adicional para las inversiones de renovación y mejora de la eficiencia que se realicen en una central en explotación, así como para nuevas instalaciones, necesarias para asegurar la cobertura, en caso de que no hubiese otra empresa que, cumpliendo los requisitos de solvencia técnica y económica, estuviese interesada en acometer nuevas instalaciones.

También se modificará el texto de manera que se recuperen las competencias en el régimen sancionador y se habiliten mecanismos de colaboración interinstitucional. La Comunidad o Ciudad Autónoma afectada será oída en cuestiones tales como el desarrollo reglamentario de la propia ley, o el procedimiento para la emisión de las resoluciones de compatibilidad para tener derecho al régimen retributivo adicional.

Finalmente, será el Parlamento quien sancione el texto definitivo de esta ley, que no necesitábamos.

¿Qué nos espera? El Gobierno de España, en su Plan Nacional de Reformas, anuncia que antes del 30 de junio llevará a cabo una reforma en profundidad del sistema eléctrico, de la que, una vez más, no conocemos nada. Una vez más hay que pedir la rectificación, una vez más hay que recordar que es mucho más conveniente para todos que trabajemos de forma coordinada, que Canarias tiene mucho que decir. Y si no, una vez más, ahí estaremos, persiguiendo el modelo energético que Canarias merece. Un modelo que necesita inversión y no legislación para entrar en la nueva era energética que queremos para las Islas.