No es demasiado difícil de entender que las economías isleñas alejadas de los territorios de referencia necesitan un diferencial fiscal respecto de éstos para que la actividad económica y, consecuentemente, la población arraigue. Es este diferencial el que puede soslayar los mayores costes de transacción, principalmente el de transportes. Así lo entendió la Corona, cuando los Reyes Católicos concedieron a la isla de Gran Canaria, en la Real Cédula de 20 de enero de 1487, la exención de "acabalas, monedas y toda clase de pechos y tributos" a los vecinos y moradores de ella que tuvieran casa poblada durante veinte años, con la única excepción de tener que abonar tres maravedíes por ciento de carga y descarga. Posteriormente, la exención se extendió a los extranjeros y al resto de Islas conquistadas, fijando la Real Cédula de 1528 la perpetuidad de este privilegio, si bien se obligaba al pago del 6 por ciento de las mercancías que entrasen y saliesen de las Islas.

Las franquicias fiscales canarias originales estuvieron sujetas al vaivén de las políticas económicas y de las guerras del Estado (monopolios, aranceles, bancarrota..), que paulatinamente desdibujaron su virtualidad hasta la aprobación del Real Decreto de 1852, que restaura las franquicias fiscales exteriores. En la exposición de motivos de Bravo Murillo a Isabel II, señala: "De nada sirve la especialidad y riqueza de los frutos si por medio de la exportación no se reparten entre los mercados exteriores los sobrantes que deja el consumo, todas las ventajas desaparecen, si aquellos Puertos por cualquier razón dejan de ser frecuentados. Grande debería ser la concurrencia de naves de todas las naciones en los puertos de Canarias (?) Si las naves se alejan de aquellas costas es porque no encuentran allí aliciente para la carga ni para la descarga (?) es finalmente porque en otros puntos extranjeros, aunque incomparablemente menos ventajosos, se les ofrecen mayores facilidades y economías."

De sobras es conocido el recorrido histórico de nuestro acervo económico y fiscal más contemporáneo, que va desde la aprobación de la Ley 30/1972 sobre Régimen Económico Fiscal de Canarias, hasta la definitiva consolidación dentro la UE de nuestras peculiaridades recogidas en el Tratado de Lisboa. Por tanto, no es ahora objeto de análisis las herramientas fiscales de que disponen los empresarios y profesionales para el impulso económico (RIC, desgravaciones por inversión; ZEC, bonificaciones en cuota; etc.), ni de la panoplia de ayudas que el Estado y la UE brinda a esta Región Ultraperiférica. El objeto principal es llamar la atención de que nuestro encaje en un Estado cada vez más diluido en una estructura supranacional (UE) nos ha privado de la ventaja del diferencial fiscal competitivo exterior, motor esencial de la actividad económica de cualquier territorio de ultramar. El Estado ha perdido la política del tipo de cambio, y a corto plazo no le quedó más remedio que la deflación de los salarios para ganar competitividad, ante la injusta y miope actitud de resistirse a implantar las políticas de impulsos monetario y fiscal de la nueva metrópoli Bruselas, (¿o mejor la puritana Berlín?). En el caso de Canarias, la única manera de recuperar nuestra capacidad competitiva es volver a atraer las nuevas naves a nuestras costas, no tanto para el avituallamiento como en el siglo XIX, y así aprovechar para enviar nuestras producciones como para que los turistas o semiresidentes vuelvan a ser la fuente de actividad y de ingresos necesaria y permanente ante el empuje de destinos como Turquía, Marruecos o el sudeste asiático, entre otros. Esas nuevas naves del siglo XXI se llaman principalmente aviones de bajo coste y la desaparición permanente de todas las tasas aeroportuarias debería ser el leitmotiv de cualquier reforma de nuestro acervo económico y fiscal en la UE.

El gobierno y el parlamento de Canarias deberían desterrar de su acervo la estrategia de pedir y gastar dinero en actividades de dudosa rentabilidad social, aunque de gran rentabilidad política, como determinadas obras públicas. Deben centrarse en favorecer la actividad económica removiendo los obstáculos y cuidando los mayores valores competitivos: las infraestructuras aeroportuarias y turísticas y sus costes de funcionamiento (tasas); la elevación del nivel educativo de la población y la renovación de las viejas infraestructuras educativas. Todo ello en un marco de respeto sincero y real con el medio ambiente y el paisaje. Por ahí debe transitar el nuevo REF. Lo demás ya está hecho. ¿Encontraremos en España a otro Bravo Murillo capaz de convencer a la Señora? ¿Será Merkel nuestra nueva Isabel II? Estas son las preguntas de un republicano.