Después de la severa derrota sufrida por el PSOE en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, con la obtención de tan solo 110 diputados, 59 menos que las elecciones anteriores de 2008, lo más lógico y sensato, hubiera sido abrir un periodo de reflexión y analizar de forma sosegada y con el tiempo suficiente todo lo ocurrido y así, sin parches, ni paños calientes buscar las soluciones oportunas y necesarias a la situación producida.

Sin apenas autocrítica, optaron los dirigentes (quienes nos habían llevado a esta situación), por celebrar prematuramente los días 3, 4 y 5 de febrero de 2012 el XXXVIII Congreso Federal y lógicamente, con arreglo a las estructuras poco democráticas existentes que dominaban, posibilitó que fueran ellos y sus acólitos quienes accedieran como delegados al referido congreso, con lo que eso significó: más de lo mismo.

A las pruebas nos podemos remitir, y aunque Rubalcaba fue un buen ministro (igual que Carmen Chacón), pero representaba y sigue representado lo peor de la última legislatura de Zapatero. En consecuencia no era la persona para liderar al PSOE, que si no procedía a su refundación, al menos tenía que regenerarse y renovarse, con un proyecto que volviera a sintonizar con sus militantes y simpatizantes.

El XXXVIII Congreso Federal fue cerrado en falso, e igualmente, se desaprovechó unas primarias para la candidatura a la presidencia del gobierno, con los candidatos, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carmen Chacón, que como se está demostrando no tienen autoridad política frente al PP (aunque sí moral con la que le está cayendo).

La corrupción a la derecha no le suele pasar factura, pero por la gravedad de los casos: Gürtel, Barcenas, Mato, Feijóo, Camps, Barberá, etc?, parece que el PP, si está siendo afectado. Aunque mucho más debido a la crisis y las soluciones tan injustas que aprovechando su mayoría absoluta está imponiendo a la Sociedad y las leyes tan reaccionarias que pretenden implantar, como la de educación y el aborto y demás reformas de la justicia, impulsadas por el "ministro progresista" Gallardón.

Como así mismo, las políticas privatizadoras, falta de libertad y de apoyo a los desahuciados (más bien se ensañan con ellos) por las hipotecas y estafados por las preferentes. El resultado de todo esto, es que el Partido Popular en tan solo año y medio de gobierno, según las encuestas ha perdido el apoyo del 16 por ciento de su electorado.

Sin embargo, el PSOE no ha recuperado nada de la credibilidad perdida y por el contrario, igualmente en el mismo periodo de tiempo, pierde cerca de un 5 % de sus votantes, lo que demuestra la inutilidad de la oposición que viene ejerciendo y la falta de sintonía con la ciudadanía, de quienes están al frente del Partido, como consecuencia de ser relacionados con políticas antisociales cuando gobernaban.

La recuperación para motivar e incentivar a los afiliados y simpatizantes, tiene que venir mediante la adopción de medidas sin tibieza y con todas las consecuencias. Nada de cosmética como plantean los socialistas gallegos para la elección de la secretaría general en primarias, que efectivamente es mucho más democrático que hacerlo como está establecido a través de los votos de los delegados en los congresos, pero si no se acompaña con la incompatibilidad de cargos, esto es, que no se pueda ostentar cargos orgánicos e institucionales al mismo nivel, el hipotético remedio sería peor que la enfermedad, ya que la persona elegida para la secretaría general por todas y todos los militantes, aprovecharía ese suplemento de poder para presentarse al cargo institucional y en caso de conseguirlo, como ha venido ocurriendo, desde la institución secuestraría al conjunto del Partido.

Algunos vimos ese problema, cuando comprobamos que a la llegada por primera vez en octubre del 82 a la Moncloa, el Partido fue secuestrado desde ésta institución, como consecuencia de que el presidente del gobierno Felipe González, era también secretario general del Partido y para más incidencia, Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno y vicesecretario general. Lo mismo ha venido ocurriendo en los diferentes ámbitos y niveles, de nacionalidad o región, provincial, insular y local.

Precisamente Felipe González, recomendó a Zapatero en el primer comité federal que se celebro cuando éste en 2004 llegó a la presidencia del gobierno: "ahora José Luis, debes gobernar el Partido desde la Moncloa".

Ya en el año 1984, con un documento que analizaba y denunciaba esa situación, dábamos las alternativas que considerábamos y seguimos considerando necesarias para que esto no ocurriera, mediante la elección de la secretaría general por todos los afiliados, e igualmente para el cargo institucional, haciéndolo extensivo a los simpatizantes.

Las estructuras de los partidos políticos no son suficientemente democráticas, de ahí su alejamiento cada vez mayor de las ciudadanas y ciudadanos. Sin tener que en muchos aspectos considerar al PNV como ejemplo, pero en este concreto sí lo es, pues suele delimitar y separar el cargo orgánico del Partido del institucional y es el primero el que marca la dirección política y controla al segundo. En ese sentido, no creo que sea coincidencia que a diferencia de otros, al Partido Nacionalista Vasco, no se le conozca precisamente por casos de nepotismo y corrupción.

La política se ha convertido para los dirigentes de los partidos en una profesión, con lo que eso significa de negativo y es que la sensibilidad hacia los problemas de las personas si se ha tenido, se suele con el transcurso del tiempo perder. Para erradicar experiencias negativas que estamos viviendo y padeciendo, como así mismo combatir la abstención, votos en blanco y nulos, se hace necesario dotarnos de una ley de partidos políticos, que evite la perpetuidad de los políticos (y de todos los que viven del erario público) en los cargos públicos tanto de elección (en listas abiertas) como de designación. De éstos procurar su no existencia a no ser que sean estrictamente necesarios y no lo que ha venido ocurriendo con la coladera propiciada a través de, entre otras, la Ley de Grandes Ciudades, que posibilita (ahí es donde se acogen), pero no obliga sus designaciones.

Así mismo, una nueva ley electoral que contemple la igualdad de los votos y con arreglo a los tiempos que estamos viviendo, otra de participación ciudadana, que implante y regule referéndums consultivos y vinculantes y las ILP (iniciativa legislativa popular), para que sus reivindicaciones y alternativas concretas y específicas, debidamente estructuradas y canalizadas, tengan eco y el peso que se merezcan en las instituciones correspondientes. La democracia no debe consistir solamente en el depósito de un voto cada cuatro años, obtenidos en muchas ocasiones mediante falsas promesas que en gran medida no se suelen cumplir.