Cuando en Cataluña se estaba pendiente de si los promotores de la Via Catalana per la Independència tendrían éxito en su proyecto (que pretende forjar una cadena humana de 400 kilómetros, uniendo el norte y el sur catalanes), Artur Mas se situó en el centro del debate al anunciar que tiene una alternativa si el Gobierno central no autoriza la consulta independentista en 2014: la convocatoria de unas elecciones plebiscitarias en 2016, con el objeto de crear una candidatura independentista única que procediera a declarar la independencia de manera unilateral.

Las reacciones en Cataluña han sido de dos tipos. Por un lado, los sectores soberanistas (ligados a ERC o CUP) o partidarios de la consulta (IC) acusaban a Mas de "fraude" y de echarse atrás en sus pretensiones soberanistas, cediendo a las presiones de los poderes fácticos de Madrid y Barcelona para dilatar el proceso independentista (al confiar en una mejora de la economía que diluya dichas ansias, dentro de tres años).

Por el otro, Ciutadans y PP se han echado las manos a la cabeza al entender que, por primera vez, Mas anuncia una fecha en la cual está dispuesto a saltarse la legalidad constitucional. Y, finalmente, un silencio significativo: el del PSC, que espera a 2014 para ver si Mas incumple su pacto con ERC de convocar la consulta y situarse, entonces, como socio preferente hasta 2016.

En cualquier caso, el problema de Mas es que está atrapado en el hundimiento de la coalición que preside: si dilata el proceso y cambia de socio, muchos votantes no se lo perdonarán y se pasarán a ERC; si sigue con el proceso independentista, se arriesga a una seria inestabilidad institucional (derivada del enfrentamiento con Madrid), de consecuencias imprevisibles... y sin que se traduzca en ganancias electorales. La partida del tablero catalán sigue abierta.