Preferentemente

Las participaciones preferentes son uno de los tantos productos financieros de los que todo el mundo habla y casi nadie entiende. Muchos nos enteramos de su existencia cuando se supo que algunas entidades "vendían" este producto de inversión (dirigido a clientes cualificados) contraviniendo las normas del organismo regulador del mercado de valores.

Generalmente, el perfil inversor elegido por las entidades era el de clientes con pocos (o nulos) conocimientos financieros para entender con suficiencia la naturaleza, funcionamiento y riesgos de su inversión. Muchos "compradores" de las preferentes, de buena fe y mal informados -cuando no engañados por agentes poco honestos y sin escrúpulos- creían que invertían su dinero como si ingresaran en un depósito a plazo que podría ser reembolsado en cualquier momento. El enredo se destapó cuando quisieron recuperar sus ahorros y se encontraron atrapados en un artificio financiero que sólo entendían los expertos.

El Gobierno propuso en su día, después de muchas presiones sociales, la "solución salomónica" de resolver caso por caso sometiéndolo a un arbitraje. De manera que corresponde a los afectados el optar por la acción judicial en vía penal, si se diesen indicios de criminalidad en la "venta" de participaciones; o en vía civil, planteando la nulidad del contrato "por vicio en el consentimiento" (en otras palabras, que el copartícipe no tenía ni puñetera idea de dónde se estaba metiendo o simplemente "lo engañaron"). O bien someter el asunto a la decisión de "un árbitro o tercero imparcial". La opción al arbitraje ha mostrado algunos inconvenientes. Uno es que la laudo arbitral resulta inapelable e imposibilita una acción judicial posterior. Otro, que ya se ha producido algún arbitraje -bastante sorprendente- en la que se ha considerado a ancianos de más de 80 años, con más que dudosa formación económico-financiera, con "perfil inversor" suficiente. Es decir, que estaban perfectamente capacitados para discernir sobre lo acertado o no de la inversión. Por lo que la imparcialidad del árbitro se ha puesto en cuestión en algún caso.

Otras de las fórmulas barajadas por algunas entidades, como Bankia, era la del canje de preferentes por acciones de la nueva entidad. Tras la debacle en bolsa de Bankia y el "contrasplit", la situación provocada, según todos los indicios, es de una mayor merma patrimonial para los inversores.

En cuanto a las "quitas" impuestas por el FROP (que serían las cantidades que los copartícipes perderían de su inversión inicial) en algunos casos han llegado a pérdidas del 40% de la cantidad invertida.

En Canarias, se estiman en torno a doce mil las reclamaciones a las que tiene que hacer frente la entidad Bankia, por efecto de las preferentes emitidas por la fusionada Caja de Canarias. Y se calcula que aquellos que canjearon preferentes por acciones de Bankia en 2011, las pérdidas puedan estar en torno al 60% de la inversión inicial.

Alguno diría que son gajes del oficio, y que invertir en productos financieros o en bolsa es como jugar a la ruleta rusa. Pero en el fondo, lo más grave en el asunto de la preferentes es el hecho evidente que, preferentemente, las víctimas propicias eran en su mayoría abuelitos jubilados que invirtieron los ahorros de toda su vida en ello.

Pero la cosa no acaba aquí, y parece que se estudian acciones legales contra Bankia ya que en la adquisición acciones iniciales de la entidad, comercializadas por esta, los clientes "no dispusieron de información veraz para conocer los riesgos reales de la emisión (de 2012)" y "se basaba en datos que luego se demostraron falsos" (informaba un periódico local en días pasados).

Seguramente, no se habría llegado a nada de esto, si los sucesivos gobiernos, en vez de "salvar" bancos "inyectando" ingentes cantidades de dinero público, le hubieran echado una mano a las maltrechas economías familiares. Ya fueran preferentistas, cuentacorrentistas o deudores hipotecarios. Otro gallo hubiera cantado.