En el pleno de febrero del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el alcalde tuvo una actuación despótica en el trato público a la secretaria general. No solo le prohibió que abandonara el salón de plenos, sino que le impidió que diera asesoramiento legal a los concejales de la oposición, saltándose a la torera la Ley de Bases del Régimen Local, que ampara a los concejales cuando así lo solicitan y son, al menos, la cuarta parte del total. Internet puso en nuestros hogares esa actuación.
Cuando se trata de temas que afectan personalmente a la secretaria general, lo normal es que ésta se ausente del pleno, y se reincorpore en el siguiente punto del orden del día. Así ha pasado dos o tres veces en este mandato, sin mayor problema. ¿Por qué ahora esta prohibición a ausentarse pese a tener un interés directo en el asunto a tratar? En ocasiones anteriores, la secretaria general fue sustituida por la vicesecretaria. La diferencia con el caso actual es que la vicesecretaria se ha marchado y su plaza está vacante, y si la secretaria general se ausenta, el pleno habría tenido que suspenderse.
¿Qué pasa con los funcionarios con habilitación de carácter nacional en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? El interventor se jubiló -después de múltiples enfrentamientos con el equipo de gobierno municipal- y su plaza no se ha cubierto. La plaza de adjunto a la intervención ha sido suprimida. De las tres plazas en esta área, solo queda la de viceinterventor.
En el Órgano de Gestión Económico-Financiera (Tesorería), la tesorera se marchó y su plaza está vacante. La plaza de adjunto a la Tesorería ha sido suprimida. La Tesorería, desde el punto de vista del control que deben ejercer los habilitados nacionales, está desmantelada.
La Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno local está cubierta, pero la plaza de oficial mayor que cubría una habilitada nacional está vacante porque a ésta le denegaron la prórroga. El oficial mayor es el que podría sustituir al secretario técnico de la Junta de Gobierno y a la secretaria general, por ausencia o enfermedad de éstos.
La Secretaría General del Pleno está cubierta, pero no así la Vicesecretaría, que está vacante desde el año pasado.
De las nueve plazas que un Ayuntamiento como el de Las Palmas de Gran Canaria debería tener cubiertas, solo lo están en este momento tres. ¿Qué pasa en este Ayuntamiento?
Desde que el PP llegó al gobierno municipal en junio de 2011, ha tenido continuos enfrentamientos con los funcionarios de habilitación nacional. En los dos años y pico de mandato, ha habido más informes de disconformidad -sobre todo en la parte económica- que en los últimos 12 años.
Además el grupo de gobierno municipal se ha cebado con ellos en cuanto a sus retribuciones. A varios de ellos les ha reducido sus emolumentos en más de un 50%. ¿Cómo van a cubrir las vacantes que se producen si los sueldos son más bajos que en otros municipios mucho más pequeños? Al final, dichos puestos reservados a funcionarios de habilitación nacional acabarán cubriéndose por "personal accidental", es decir, por funcionarios propios del Ayuntamiento, por supuesto, afines al grupo de gobierno del PP.
Los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional reciben su habilitación del Estado y ocupan puestos de trabajo "obliga-torios" y reservados a los mismos, y las plazas que quedan vacantes por jubilación o traslado deben ser convocadas en un máximo de tres meses por el Ayuntamiento, cosa que éste no hace ni siquiera a requerimien-to de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias.
La misión principal de estos funcionarios es garantizar que los procedimientos que sigue el Ayuntamiento son legales, controlando tanto la parte económica (presupuesto, contabilidad, gastos, ingresos, etc.,) como la parte legal de los acuerdos.
Dada la situación de guerra que el PP municipal ha declarado a los habilitados nacionales del Ayuntamiento, parecería que algunos han confundido la mayoría absoluta con una mayoría absolutista, y no están dispuestos a permitir que los habilitados nacionales les controlen, aunque sea a costa de conseguir que se aburran y se marchen. Parece ser que tal estrategia está dando resultado.
El alcalde desactiva los controles internos de legalidad y fiscalización económica eliminando a los funcionarios de habilitación nacional, mientras se rodea de altos cargos elegidos a dedo, como el coordinador general de Presidencia y Seguridad y el director general de Recursos Humanos, que han sembrado la confusión y el miedo entre personal del Ayuntamiento.
¿Estará el PP municipal instaurando progresivamente un modelo de gestión pública mediante comisarios políticos y afines? La oposición debería denunciar esta estrategia de exterminio de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, tanto en los medios de comunicación como en el Congreso de los Diputados, ya que éstos dependen del Ministerio de Hacienda y del de Administraciones Públicas.
