Recuerdo que el año pasado publiqué un artículo, Reivindicación de la evidencia creo que se titulaba, que era el enésimo, modestísimo e inútil intento de criticar la sentimentalización de la política, el secuestro del diálogo democrático por la burocracia partidista, la impotencia palpable de nuestro sistema político (aquí la comunidad autónoma) para emprender cambios y reformas que garantizaran la viabilidad de este país, su cohesión territorial y social, un proyecto capaz de salir adelante y no condenar nuestro futuro (y el del muy prostituido régimen democrático: la democracia de baja intensidad a la que nos resignamos y algunos, incluso, aplauden). Por supuesto, el articulejo estaba basado en un paper de Francisco Llaneras y Jorge San Miguel, que reclamaban como una tarea urgente que la evidencia disponible gracias a las ciencias sociales (las disciplinas económicas y sociológicas) sea utilizada en el debate político para diferenciar hechos objetivos de retóricas al uso, argumentos empíricamente avalados por los datos de miserias o puerilidades ideológicas. No es una llamada al establecimiento de una malvada tecnocracia, sino una recoleta reflexión de un tipo alarmado, como otros muchos, por la baja estofa intelectual -y no solo moral- en la que se desenvuelven las élites políticas de las islas, lo que tiene unas consecuencias nefastas para el presente y el futuro de los ciudadanos.

El guirigay sobre las prospecciones de Repsol en aguas de Lanzarote y Fuerteventura resulta un excelente ejemplo de esta oligofrenia complaciente, Nada parecido a un debate basado en datos y argumentos técnicos ha podido escucharse en el Parlamento de Canarias. Ninguna de las partes enfrentadas se ha permitido reconocer los costes que suponen, en cada caso, sus respectivas posiciones, porque de manera estúpida se parte del supuesto de que la posición opuesta es la que carga con todos los riesgos, perjuicios y amenazas potenciales. Peor aún es lo ocurrido con la ley de Renovación Turística: gracias al recurso de inconstitucionalidad auspiciado por José Manuel Soria y presentado por el Gobierno español, queda interrumpida cualquier planta alojativa turística en los próximos cinco meses. ¿Argumentos? Al parecer los inversores turísticos grancanarios no quieren construir hoteles de cinco estrellas. Esa es la realidad fáctica: la única disponible. Ah, y la sacrosanta unidad de mercado. Cuando el PP canario, y el propio Soria, votaron a favor de la moratoria turística, en 2003, la unidad del mercado no existía. Yo siempre sospeché que Soria adquiría el fué de pato y el tinte para el pelo a través del trueque.

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