La Comunidad Económica Europea nace por razones políticas hace casi sesenta años. Se dota inicialmente de instrumentos económicos para finalmente converger en la actual Unión Europea, con un carácter eminentemente político. Su creación supuso el inicio de una nueva era en Europa donde sus ciudadanos disfrutan de los importantes beneficios que supone vivir en un espacio común de libertad, seguridad y justicia, sin fronteras interiores. Su ámbito territorial ha dado un gran salto al pasar de seis Estados fundadores a una comunidad supranacional de 28 naciones, después de siete ampliaciones (la última, Croacia en 2013), con otras solicitudes pendientes.

Ese espacio común toma cuerpo con instrumentos como el mercado único europeo. Sienta sus bases en el Acta Única Europea de 1986 al integrar en el Tratado constitutivo la noción de mercado interior definido como "un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada", materializándose con el Tratado de la Unión Europea (Maastricht) de 1992, complementado con un gran número de reglamentos, directivas, decisiones, comunicaciones, recomendaciones y dictámenes de las Instituciones. Será el Tratado de Lisboa, en vigor desde 2009, quien lo profundice y refuerce, dotando a la UE de los medios para alcanzar objetivos enmarcados dentro de sus valores: respeto de la dignidad humana, libertad, igualdad, democracia, Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, dentro de sus fronteras y en sus relaciones con el resto del mundo. El mercado único se fortalece con la consolidación de las cuatro libertades de circulación y de la unión económica y monetaria, facilitando el comercio y haciéndolo más eficiente.

Asimismo regula como competencias exclusivas de la Unión, entre otras, la unión aduanera, el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior y la política monetaria de los países euro. Así como las competencias compartidas con los Estados como el mercado interior, protección de los consumidores, energía. Además, dispondrá de competencia para llevar acciones que apoyen, complementen o coordinen las de los Estados.

La Unión no sólo ha de adoptar las medidas destinadas a establecer el mercado interior, sino que además ha de garantizar su funcionamiento. Se emplaza a la lucha contra la delincuencia transfronteriza internacional, la inmigración ilegal, la trata de seres humanos y el tráfico de armas y de drogas. Refuerza el papel del Parlamento Europeo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, agiliza la toma de decisiones al adoptar muchas decisiones por mayoría cualificada, frente a la unanimidad como única forma de adopción de acuerdos. Entre las medidas más recientes adoptadas por la Comisión destaca el Acta del Mercado Único (I y II) destinado a impulsar la economía europea y crear empleo.

El TFUE incorpora como acciones complementarias con los Estados miembros el fomento y cooperación entre ellos en ámbitos que refuerzan el mercado interior, como el turismo, clave para España y Canarias. Consolida el principio de subsidiariedad, lo cual resulta beneficioso ya que, en materias de su competencia, se aplica la acción de la Unión cuando es más eficaz que la acción adoptada a nivel nacional, regional o local. Canarias debe aprovechar las oportunidades que ofrece un mercado de más de 500 millones de consumidores, con los mayores estándares de desarrollo del planeta, y una demostrada flexibilidad en el acervo de la Unión, que nos permiten ser partícipes de las mismas a todos y cada uno de los ciudadanos que tenemos la suerte de convivir en este espacio. De dichas oportunidades se beneficiarán aquellos ciudadanos, empresas, e instituciones que estén mejor organizados, sean más competitivos y visualicen más eficientemente las distintas opciones previstas en los tratados, las cuales se van adaptando a las nuevas realidades en función de la decisión de los ciudadanos europeos, que cuenten con el apoyo y habilidad de sus representantes. En un espacio sin fronteras los territorios no son más que la suma de los ciudadanos que viven en cada uno de ellos, con sus élites políticas y económicas, su sistema institucional, su cultura política, etc. La sensación que tenemos en Canarias es que no hemos aprovechado suficientemente las ventajas aportadas por la última reforma de los tratados. En especial el tratamiento favorable que otorga a las regiones ultraperiféricas, recogido en el 349 del TFUE, donde se tiene en cuenta nuestra situación estructural, social y económica caracterizada por la gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de un reducido número de productos, factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo. Se emplaza al Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, a adoptar medidas específicas orientadas a fijar las condiciones para la aplicación de los Tratados, incluidas las políticas comunes, con arreglo a un procedimiento legislativo especial. Dichas medidas se referirán a las políticas aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales de la Unión. Todo ello sin poner en peligro la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión, incluido el mercado interior y las políticas comunes.

La paradoja es que mientras para Europa el apoyo al hecho insular no es un capricho, sino una forma de evitar desequilibrios con respecto al continente, en España asistimos a un proceso contrario, se usa la crisis como pretexto para recortar derechos vitales para la cohesión territorial entre Canarias y el resto.

En los dos últimos años se han intensificado los agravios, con gran incidencia en sectores estratégicos para Canarias, como la subida de las tasas aeroportuarias (100% en los últimos tres años), que disminuyen nuestra competitividad en el sector turístico, encareciendo además el principal modo de comunicación exterior de los canarios; o las primas a las renovables, manteniendo la dependencia de Canarias de los fósiles, cuando estudios constatan que aquí es más barato producir electricidad con fuentes limpias, además de la inseguridad jurídica generada.

Este proceso hay que invertirlo. Aprovechemos precisamente la actual revisión del REF canario, el marco legal que encaja nuestra posición a nivel constitucional español y comunitario. Puede ser una buena ocasión para aunar sinergias, manteniendo los aspectos que han funcionado, mejorando los que han ido peor, o a peor, e implementando los que se consideren adecuados al nivel de desarrollo de las Islas, que contribuyan a su sostenibilidad, coadyuven a diversificar su economía, mejoren sus niveles de renta, sus tasas de empleo, su dependencia alimentaria y energética o su sistema de transporte.

Canarias debe hacer autocrítica sobre aquellos aspectos que no han funcionado bien, achacables a nosotros mismos, como el deficiente desarrollo de la industria audiovisual o de las actividades relacionadas con las TICs, en un marco legal con una fiscalidad favorable, que permite crecer sin depender de materias primas ni de transporte (dos de nuestros principales hándicaps), que ocupa a una mano de obra cualificada y que aporta óptimos márgenes empresariales. Respecto al previsto plan estratégico de turismo, se han ido aprobando planes a distinto nivel, requiriéndose un esfuerzo de coordinación que tenga en cuenta la realidad insular y evite la actual dispersión de recursos. Todo ello en aras de competir en el mercado único europeo e internacional.

En cuanto a los aspectos a implementar, Sebastián Grisaleña, en el marco del Foro Juan Negrín de Telde, insistía en una propuesta empresarial para que se deduzca el 50% del IRPF que soportan los ciudadanos canarios, con el precedente de Ceuta y Melilla, generando más renta disponible que estimule el consumo, incentive el empleo y mejore la recaudación indirecta gestionada por el Gobierno de Canarias (IGIC). De paso se reduce el déficit crónico de inversiones públicas del Estado. No estaría mal que se incorpore a la agenda de revisión del REF, participando la sociedad civil canaria.

España no se debe escudar en un posible rechazo de la UE. Esta última se caracteriza por permitir excepciones en su seno, en función de quien sea el beneficiario, tanto Estados miembros como regiones de los mismos. Citar sólo unos ejemplos: redacta el art. 12 de la Directiva 94/80/CE relativa al derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales, a la medida de Luxemburgo, a fin de que pueda aplicar restricciones en el ejercicio de este derecho a los comunitarios residentes; a Irlanda le permite un impuesto de sociedades del 10%; a Portugal le permite una zona offshore, incluyendo servicios financieros, en una región también ultraperiférica como es Madeira.

En consonancia, Canarias también puede explorar nuevas actividades e invocar el derecho a tratamiento diferenciado, adaptado a nuestra propia y justificada situación, con la necesaria anuencia de España. Los servicios financieros y de seguros representan una opción adecuada, en la que se debe insistir, pese a fracasos anteriores, quizá atribuibles a la voluntad canaria de entonces, más proclive a la agricultura. Es una opción que no tiene porqué derivar en paraíso fiscal y, por tanto, contravenir la dinámica del mercado único europeo, aunque ocurra en algunos territorios de la UE, como Gibraltar o Luxemburgo. En la misma línea, los ultraperiféricos deberíamos exigir que se apliquen medidas eficaces que atenúen la alta densidad de población de las RUP insulares.