Previsiblemente y en virtud de la mayoría del PP -sustentada en sus meritorios tránsfugas- el pleno del Cabildo de Gran Canaria rechazó la comisión de investigación sobre el caso Oasis que habían solicitado el PSOE y CC. La postura de Nueva Canarias, expresada por el Jordi Hurtado de la política insular, Carmelo Ramírez, ha sido sorprendente. Para Ramírez el presidente Bravo de Laguna debería "responder a todas las preguntas" y "aclarar todas las dudas", una actividad cuyo mejor ámbito, sin duda, sería una comisión de investigación. Pero al portavoz de NC no le gusta la idea. Es probable que a algún prominente empresario tampoco, pero entre ambos rechazos, por supuesto, no tiene por qué existir ninguna relación causal. Carmelo Ramírez prefiere, en definitiva, que sea la Fiscalía Anticorrupción quien desarrolle las pesquisas pertinentes y decida si existe materia suficiente para solicitar la atención de un magistrado.

Por desgracia no solo son las mayorías y minorías políticas las que en España deciden si una institución representativa debe investigarse la conducta de un responsable político. Lo que se conoce habitualmente en este país como comisión de investigación es el pálido trasunto de una comedia judicial en horario vespertino. Todavía peor: la legislación procesal española es confusa y torpe y requiere una reforma urgente que no es, precisamente, la que pretende aprobar el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Lo que ilustran los sucesivos episodios del caso Oasis es un déficit de cultura democrática bunkerizado desvergonzadamente tras las altas murallas - políticas y normativas - que protegen a los responsables institucionales. Lo que transparenta este episodio son los voraces apetitos de una élite política peligrosamente carente de autonomía frente a poderes y presiones empresariales, cuando no connivente con los mismos hasta el punto de adquirir todos un asombroso aire de familia. El señor Bravo de Laguna no ha ofrecido explicaciones convincentes sobre su conducta anterior y posterior a su toma de posesión como presidente del Cabildo grancanario. Es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos -incluidos, por supuesto, sus votantes - que pretenda hacer pasar sus dolidas proclamas de inocencia por argumentos explicativos de una conducta que denuncias, declaraciones, documentos y correos electrónicos han puesto bajo una pringosa sospecha.

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