Después de meses de declaraciones, réplicas y contrarréplicas, la firma de la convocatoria de la consulta independentista del 9N por parte del presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha acelerado la dinámica del conflicto soberanista en Cataluña. Y, en los próximos días, veremos hasta qué punto sus impulsores llegan hasta las últimas consecuencias€ o si, por el contrario, se produce una caída de máscaras y afloran los intereses partidistas.

Tras el acto del día 27 en la Generalitat, la reacción del Gobierno central fue rápida (con el recurso a la ley de consultas y al decreto de convocatoria). Más rápido aún fue el Tribunal Constitucional, al suspender la consulta a las pocas horas de recibir el recurso. En ese momento, la pelota volvió al tejado de Mas, quien ha efectuado movimientos dispares con la intención de ganar tiempo: retiró la campaña institucional y el dispositivo organizativo del referéndum (ante el gran enfado de los demás partidos favorables al mismo), pero firmó el decreto que nombra a la comisión de control de la consulta (a lo que el Gobierno respondió con nuevos recursos).

Aunque en el momento de redactar estas líneas los partidos que impulsan la consulta buscan el modo de llevarla a cabo, tras "garantizar" que mantienen la convocatoria en la fecha prevista, parece evidente que algunos piensan en clave preelectoral, ante un eventual adelanto de las elecciones catalanas y pese a que las encuestas anuncian un escenario de ingobernabilidad (con la presencia de ocho formaciones y dificultades para que las fuerzas mayoritarias, Convergència i Unió y Esquerra Republicana de Catalunya, puedan sumar mayoría suficiente).

De producirse esta secuencia, el ganador en primera instancia sería Mariano Rajoy, que habría aplazado el problema en tiempo. Pero, como le empiezan a advertir algunas tribunas anglosajonas, aplazarlo no es resolverlo (y, mucho menos, ganarlo).