Alrededor de la dependencia de los españoles de los ansiolíticos (cada vez más por la crisis), leo una entrevista de un especialista en salud mental que alerta de la voracidad de los laboratorios para convertir problemas de la vida cotidiana en enfermedades para las que ellos crean la medicación adecuada o no. Se trata de estar alerta frente a las tendencias o los malestares del siglo XXI: fobias, alimentación, cuerpo, complejos, depresiones, autoestima, edad, adolescencia, ansiedad...

El tema no es para extenderme, ni mucho menos, en torno a la medicina, sino para adentrarme en lo que se ha bautizado como un modelo de aspiración máxima: el rigor de la transparencia en la política, en los gastos, en la gestión, en los papeleos, en las resoluciones, en la información pública, en las subvenciones, en los nombramientos, en las incompatibilidades, en las puertas giratorias (de lo público a lo privado sin pausa), en la pertenencia a consejos de administración de los expresidentes de Gobierno, en la militancia de los jueces o en su afán por contar en un libro el caso que han dirigido, en el cobro de diputados por participar en tertulias televisivas, en los presupuestos de representación... La montaña del ilimitado ámbito nos puede sepultar, y la frustración al ver el camino que aún nos queda por recorrer nos hace ver cuán débil es esta democracia.

Igual que ocurre con las multinacionales de los fármacos, el truco está en adelantarse, en estar atento y ofrecer. Algo parecido ocurre con la transparencia en la vida pública. Arias Cañete, observado de cerca (no sé si con lupa) por la UE como consecuencia de sus negocios en el contexto de la energía, sector para el que se postula como comisario, acaba de ofrecernos su versión de la transparencia: pocos días antes de sufrir el rigor de las preguntas va y cambia su declaración para añadir un sobresueldo del PP y activar unas modificaciones accionariales en empresas petroleras. Humilde y melindroso en su pose, se hizo transparente de la noche a la mañana. Asombroso: antes de la exigencia ofrezco a los que me interpelan un plan de transparencia a ver si cuela, y lo hago a última hora, casi antes del interrogatorio, para que vean la calidad y categoría del gesto. Vemos así cuán importante es este requisito democrático para el cargo público del PP.

Los límites de hasta dónde podemos llegar o no son relevantes. En el Ayuntamiento grancanario de Telde, un director general realizó una presunta falsificación del título de licenciado en Derecho, y así se instaló en la administración pública con el grado y emolumento correspondientes. Ningún ciudadano pudo acceder al original del diploma ni tampoco existía ninguna normativa al respecto, ya fuese para la consiguiente publicidad de los méritos esgrimidos por el afectado, o bien a través de un rutinario intercambio de datos entre la universidad y el servicio correspondiente de la administración. El hecho quizás sirva de escarmiento, y mira que ha llovido desde que el rostro pálido de Roldán hiciese rodar cabezas por sus corruptelas y también por falsificación del título, creo que de ingeniero.

Pero más lllamativa aún es la adjudicación por 371.852 euros de la señal institucional para poder ver a través de internet los plenos del Parlamento en tiempo real, y todo ello en pro de la transparencia. Es curioso que el presidente de esta institución considere que la retransmisión de los plenos suponga un logro por abundar en la visibilidad, lo que da cuenta de cuál es el alcance de la transparencia que nos pretenden ofrecer. Tendría más aliciente conocer hasta dónde llega el régimen de compatibilidades de sus señorías, sus extras, y conocer, por supuesto, el uso que les dan a las herramientas informáticas abonadas por el erario público. Ya se sabe que son cuestiones espinosas: a nadie le gusta que metan la nariz en sus interioridades económicas, ni que su sueldo aparezca en una lista, ni ser señalado como el más rico (o con más patrimonio). Pero esa es la transparencia a la que se aspira y no a ver sus intervenciones (por cierto muy aburridas) en la Cámara. Me parecería un estruendo sociológico que algún día llegasen a desbancar a Sálvame.

Abejas, tal cual, dice que Hacienda y el Banco de España conocían el uso que hacían de las tarjetas opacas los consejeros de Caja Madrid, a los que al parecer no les daba el sueldo y recurrían al instrumento de pago para hacer compras de ropa y comida, y cualquiera sabe qué otras cosillas. El director general de Economía de la Comunidad de Madrid, destituido por el escándalo, ve el grado máximo de transparencia en el hecho indiscutible de que estos dos organismos conociesen la trapisonda. Y si es así, pues allá ellos con su concepto de transparencia. La ciudadanía, el currante, el que ha pagado el pufo bancario de estos tipos, flipa en colores al ver a representantes de IU, PP y PSOE machacándose miles y miles (Blesa dilapidó 19.000 euros antes de irse de rositas). Está claro que hay que decirles cuál es el tipo de transparencia a la que se aspira.