Si se realizara una encuesta para determinar quién ha sido el peor Ministro de Justicia desde los principios de la Transición hasta la presente fecha, a buen seguro que una abrumadora mayoría de ciudadanos señalaría con su dedo índice acusatoriamente a Alberto Ruiz-Gallardón.

Por otra parte, todos los españoles nos hemos visto obligados a soportar, entre otras, la indecisión del Presidente para cesarlo, como es el caso de Rajoy, maestro de indecisos; o, en otro caso, de persistir en no cesarlo en el cargo, peor aun: grave responsabilidad en tal caso de haber mantenido en el mismo a quien ha acreditado nada menos que durante todo un trienio, con la arrogancia propia de un ultraderecha, una absoluta incompetencia para el ejercicio de su cargo en claro perjuicio de la ciudadanía española.

Yo, por mi parte, que ya era Licenciado en Derecho casi un cuarto de siglo antes de iniciarse la Transición, me encuentro en condiciones de poder afirmar que, desde hace casi una centuria, posiblemente no haya existido cartera más deteriorada por el cúmulo de errores cometidos por su titular, que la de Justicia en manos del inefable Gallardón, incluyendo, por tanto, incluso a los peores de quienes ejercieron tal cargo durante la época de la Dictadura franquista.

Y no me consuela, ni mucho menos, que el actual Ministro, Rafael Catalá, pueda llegar a ser todavía peor que su predecesor, por mucho empeño que tenga en hacer de una nueva Penélope de la Justicia obligado a destejer, nada más llegar, lo mucho y mal que antes de su arribada al Ministerio previamente se tejió en él.

En días pasados el actual ministro reaccionó a las primeras informaciones sobre las operaciones contra Oleguer Pujol, hijo del que nunca debió haber sido Honorable, expresando que con aquellas se demostraba que las instituciones funcionan y si alguien comete una irregularidad la Justicia actúa contra él. Con independencia de que cuanto menos se pronuncie sobre similares temas un ministro, y sobre todo el de Justicia, mucho mejor, además incurrió en un claro sofisma en tanto en cuanto en multitud de ocasiones el hecho de que la Justicia no actúe contra un merecedor de que el Estado ejercite en su contra su "ius puniendi", no implica genéricamente el mal funcionamiento de las instituciones.

La Agencia de noticias Europa Press ha transcrito literalmente lo manifestado por Rafael Catalá a Onda Cero: "Con la poca información que tenemos lo que se pone de manifiesto es que funcionan las leyes, funciona el Estado de Derecho y funciona la investigación judicial cuando hay una hipótesis de comisión de delitos y las fuerzas de seguridad y la policía judicial colaboran con los jueces". Mas he aquí -añadimos nosotros- que el hecho de que en un caso concreto, como en el expresado, se acierte, no supone que con ello se acredite en general el buen funcionamiento de las leyes, el Estado de Derecho y la investigación judicial; ni acredita por sí solo que en las restantes acciones penales que en materia de corrupción vienen asolando a nuestro país, unas veces los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y otras el Poder Judicial hayan estado a la altura de las circunstancias.

Por lo que se refiere al Poder Judicial, por otra parte, la retorsión del criterio del Tribunal Supremo en el caso Botín, por el propio Alto Tribunal, por lo que atañe al derecho a recurrir por parte de la acusación popular, diciendo digo donde antes había dicho Diego, ya puso de manifiesto lo que la mayoría de los españoles opina: que cuando el Poder judicial no está a merced del poder económico es el poder político el que le hace claudicar en lo de la recta e imparcial Administración de Justicia, al caérsele la venda de los ojos a la Dama de la Justicia, que desde el siglo XV se ha simbolizado con los ojos vendados para representar la objetividad, en que la justicia es, o debería ser impuesta objetivamente, sin miedo ni favoritismos, independientemente de la identidad, el dinero, el poder o la debilidad. Simplemente la Justicia, ciega e imparcial.

Si después del tiempo que llevamos de Democracia tenemos la desgracia de ser gobernados por un señor que tanto ha tardado en remover de su cargo al anterior Ministro de Justicia, denostado por todo el Poder Judicial, y por toda la profesión togada, incluso por sus propios compañeros de carrera y de pensamiento, teniendo ahora que deshacerse casi todo lo mucho y mal hecho que dicho exministro hizo, es obvio que se malgastó con ello el dinero de todos los españoles presupuestariamente asignado durante tres años al Ministerio en cuestión, como evidencian los buenos propósitos exteriorizados en virtud de la locuacidad del actual. De donde resulta que el cansino Rajoy es inmerecedor del alto cargo que ocupa.

Acaso lo único que haya hecho bien es haber firmado como Presidente del Gobierno la abdicación del anterior Monarca, a lo cual, por otra parte, venía obligado imperativamente, le gustara o no, por ministerio de la Ley.

(*) Presidente Nacional de Ciudadanos de Centro Democrático