Como a Mas no le gusta ni nada ser víctima, va Rajoy y le convierte en mártir con la presentación de una querella ad hoc, en una de las decisiones políticas más torpes que se recuerdan, canalizada, eso sí, a través de su escudero, el fiscal general Torres-Dulce, para que la judicialización del desafío soberanista -la única vía explorada hasta ahora por el Gobierno- termine de cargar de razones a los independentistas.
Rajoy se niega a hacer política con el asunto catalán -porque para eso está la justicia, parece ser-, y después de atascar el registro del Tribunal Constitucional con sus recursos, cree ahora necesario sacrificar la institución del ministerio público, cuya dependencia del poder ejecutivo nunca había quedado tan palmariamente... ¿insinuada?
Insinuada..., además, aireando públicamente diferencias irreconciliables entre el fiscal general y sus subordinados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), para dirimir las cuales ha sido necesario convocar una junta de fiscales de sala, una medida excepcional que no se había tomado en muchos años.
Torres-Dulces debió pensárselo mejor cuando el año pasado nombró a José María Romero de Tejada fiscal superior de Cataluña, en sustitución de Martín Rodríguez Sol, que tuvo que renunciar al puesto precisamente por nos mostrar suficiente oposición a la consulta que Mas estaba proyectando. Romero de Tejada era el segundo de Rodríguez Sol. El fiscal general apostó por el continuismo. Recoge, pues, los frutos de su decisión.
La querella que Romero de Tejada tuvo que presentar ayer por orden de Torres-Dulce va contra Mas, la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, usurpación de funciones y desobediencia. Los fiscales del TSJC no ven materia de acusación contra ellos; los fiscales de sala, que el miércoles respaldaron en bloque a Torres-Dulce, sí.
Sin embargo, uno de ellos razonó que sería suficiente con que el ministerio público se personase en las causas abiertas en varios juzgados de Cataluña a raíz de las demandas presentadas contra los responsables del 9-N; y otro objetó que, dado que el Constitucional no está integrado en el poder judicial, será imposible demostrar que Mas incurrió en delito de desobediencia, que es el que arrastra a los otros tres.
Y es que, al admitir a trámite el recurso del Gobierno contra el proceso participativo que se celebró el 9 de noviembre, el Constitucional obvió una petición clave del Ejecutivo: advertir a Mas de las consecuencias que tendría desobedecer su resolución.
Sea como fuere, si el presidente de la Generalitat es formalmente acusado de desobediencia, tendremos marejada para rato. Y él habrá conseguido la estatura de mártir de la causa soberanista que lleva dos años buscando. Si después de lograr que más de dos millones de residentes en Cataluña votasen el 9-N, ahora le encausan por dejarles hacerlo, mejorará su posición respecto a su más directo rival -y antiguo socio-, Oriol Junqueras (ERC), con vistas a las próximas elecciones, sean anticipadas o no. Una encuesta de última hora apunta en ese sentido y sitúa ya a CiU ganadora por delante de Esquerra.
Y todo gracias a Rajoy, que no quiso dejar abierta la válvula de escape que en realidad era el 9-N, pese a que algunos destacados miembros del PP catalán no vieran con malos ojos que el "sucedáneo" de consulta se celebrara. Pero en vez de incidir en la total ausencia de garantías democráticas del proceso participativo, sin censo que mereciera tal nombre y donde se inscribió para votar hasta Elvis Presley; en vez de intentar rentabilizar los resultados de un simulacro al que sólo acudieron a sufragar los independentistas, el jefe del Ejecutivo prefirió ahondar en la vía judicial y regalarle a Mas lo que más necesitaba: rehabilitarse, coger aire, seguir vivo como político.
Algo en lo que Rajoy, parece, no está interesado.
