Cuando Angela Merkel y la troika le enviaron al presidente del Gobierno de España, que lo era José Luis Rodríguez Zapatero, una carta amenazante de la que salió una reforma exprés de la Constitución, ningún político dijo que la finalidad legal que se perseguía, ya estaba contemplada en esencia. Faltaba, pero eso se daba por sabido, y su expresión manu militari fue una ofensa a la dignidad nacional, que la máxima prioridad, la madre de todas las prioridades, era pagar las deudas al margen de cualquier contingencia, incluso de las más graves. Pero la filosofía ya estaba bien expresada en el artículo 40 CE: "Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica..." ¿Y qué es la estabilidad? (esto es una pregunta retórica). La estabilidad es que cuadren las cuentas, y que no salga más de lo que entra. En realidad, que se gobierne con responsabilidad, y en unos márgenes de deuda razonables, asumibles. Y el caso es que la deuda nacional lo era; lo que no lo era fue la crisis. Entonces los bancos alemanes que habían invertido con la misma irresponsabilidad que la mayoría del mundo, en productos poco solventes (en España, en deuda pública y en la burbuja del ladrillo, como las codiciosas cajas) le dijeron a su cancillera que protegiera sus intereses, porque su interés era la columna vertebral del made in Germany. De ahí salió la imposición a España, cuando podía haber bastado la utilización normal de los instrumentos ordinarios de control y disciplina de las instituciones de la UE, para vigilar que la cabra no tirara para el monte. Y la propia previsión constitucional de la preeminencia de las normas de la Unión sobre las nacionales, que hacía innecesaria la revisión por adición del art. 135 original.
Hubo varios fallos de gobierno: dejar pasto libre a los corruptos, y pedirles paciencia, "sé fuerte, Luis", le dijo Rajoy a Bárcenas, una frase para la historia de la estupidez; y una política alocada de despilfarro. Bruselas, que tan minuciosa es en otras cosas, descuidó esta alerta temprana, en parte porque la austeridad y el rigor a quien menos interesa es precisamente... a los lobos financieros, que lo mismo devoran un conejo muerto que una pata de jamón serrano.
Por eso la propuesta de reforma de la reforma de Pedro Sánchez no es ningún disparate insensato que agriete la confianza internacional en el país. Esa confianza ya está agrietada por el fanatismo de mercado del gobierno popular, por la entronización de la mentira como táctica para una estrategia de la sorpresa, y por la altanería que se despliega cada vez que aparecen indicios que derrumban cualquier duda razonable acerca de la organización de una trama de corrupción y financiación en negro del partido que sacaba pecho como Don Limpio. Lo que ocurre es que además de desconocer lo que dice la Constitución, más allá de la poesía y de los mitos y leyendas urbanas y campesinas de la Transición y los trenes de vía estrecha que hubo que aprovechar, no hay voluntad de cumplirla; y por eso se prefiere no perder el tiempo en su conocimiento y análisis.
En el Título preliminar, y en su artículo 1, para que no haya dudas, los padres constituyentes llegaron a un gran consenso para definir la España del futuro: "España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". Pues bien, resulta que todo ello está revisándose; por lo tanto, la Carta Magna está sometida a un desvergonzado e interdisciplinar proceso de descafeinado. La libertad se constriñe con leyes de inseguridad pública que limitan los amparos constitucionales; la justicia, se aleja de su finalidad de tutela judicial efectiva con unas tasas desmesuradas que impiden a los ciudadanos utilizar este cauce, y más en tiempos de recortes, despidos caprichosos y paro; la igualdad se rompe con la ola de privatizaciones de facto como parte del desmontaje del Estado de bienestar que es la base del Estado social; y el pluralismo político se dificulta por el ejercicio prepotente de la mayoría absoluta; anulando, incluso, los avances en la independencia profesional y política para de TVE, modelo BBC. El PP no ha tenido el menor pudor para acabar con la autorregulación.
El problema no es que Pedro Sánchez ponga en peligro una credibilidad que el Gobierno ha machacado fríamente. El problema es que Pedro Sánchez no lo ha sabido explicar con un discurso que, como todos los discursos que dejan huella, contenga los clásicos quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos y a dónde vamos, y el porqué de los porqués.
(tristan@epi.es)
