El rastreo de Hacienda ya ha empezado para los vecinos de Agaete, Firgas, Gáldar, Ingenio, La Aldea, Moya, Santa María de Guía, Telde, Tejeda y San Mateo, en Gran Canaria; los de Teguise, Tías y Yaiza, en Lanzarote; y los de Betancuria, La Oliva, Pájara y Tuineje, en Fuerteventura. En total 39 municipios en Canarias serán peinados este año por los inspectores encargados de ejecutar la regularización catastral, en una caza que incluye medios aéreos para que ninguna modificación inmobiliaria se escape. Por pequeña que esta sea. Ya sea el cierre de un balcón para ganar metros al salón, una reforma en el jardín para acondicionar un garaje o el techado de una terraza para habilitar un ático.

Nada que objetar, por supuesto, a la persecución de los defraudadores ni a la legalización de todas las propiedades urbanas. Mejor le iría a este país si incrementara la conciencia fiscal de los ciudadanos y eliminara las bolsas de dinero opaco. Sólo que en este caso, ese incuestionable objetivo encubre puros intereses recaudatorios para favorecer a los ayuntamientos. Consultados por este periódico, todos los alcaldes de los municipios afectados a raíz de la sigilosa y pertinaz campaña de Hacienda están de acuerdo con la revisión del catastro. Argumentan que es una cuestión de justicia hacia el contribuyente que cumple religiosamente con el pago de impuestos. Hasta ahí de acuerdo, si no fuera porque tras la medida se esconde, sobre todo, una malévola intención por hacer caja. Como cuando la grúa retira a la mínima de zonas de gran afluencia coches que no estorban o Tráfico planta el radar en aquellos tramos trampa en los que sabe que pillará acelerando a un buen número de conductores.

Se buscan víctimas fáciles de perseguir -la mayoría desconoce la obligatoriedad de inscribir en el registro catastral estas modificaciones- y apabullar: la medida tiene carácter retroactivo porque se empieza a computar desde la fecha que se llevó a cabo la obra. Al final, acaba de nuevo pagando la sufrida clase media. Hay quien critica la medida por considerarla una amnistía inmobiliaria encubierta. Pero de perdón tiene poco. Al que esconde dinero en Suiza se le cobra un 10% de lo acumulado en los cuatro últimos años, los no prescritos, sin intereses ni sanciones, salvo que la renta tenga una procedencia ilícita. Al cazado en la revisión catastral, se le cobra el 100% de lo que dejó de tributar en los últimos cuatro ejercicios y una tasa de 60 euros, que es en realidad una multa para la que no hay indulto posible.

Sorprende, además, el despliegue para ejecutar la campaña municipio a municipio, la meticulosidad y los medios tecnológicos empleados, con espionaje por satélite y cruce de datos informáticos. Qué diligencia para unas administraciones tan perezosas en otras cosas, como el engorroso certificado de residencia en papel para viajar en avión o en barco, o negadas para conectar por ordenador los juzgados, las prisiones y la policía, lo que muchas veces permite liberar por negligencia a verdaderos criminales.

Si esta es la capacidad de lucha del país contra los escamoteadores de impuestos, apaga y vámonos. ¿A qué viene este hostigamiento indiscriminado y retroactivo en el que sin duda caerán justos por pecadores? El Catastro rebusca todo tipo de mejoras en las fincas para incrementar el recibo del IBI. La obligación del propietario es darlas de alta cuando se efectúan. Una cosa es dejar sin registrar un chalé para sisar impuestos y otra no comunicar obras menores que, entiende la Administración, revalorizan la propiedad y obligan a actualizar el tributo. La campaña en marcha trata por igual circunstancias tan diversas. El desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento, pero los ayuntamientos podrían advertir, por ejemplo, de la obligatoriedad de inscribir hasta las pequeñas reformas cuando otorgan la licencia y podrían también comunicarlo al Catastro para que no hubiera escapatoria.

El 80% de los ciudadanos posee la casa en la que habita. Guste o no, la mayor parte del ahorro permanece invertido en vivienda. España es un país de pequeños propietarios inmobiliarios. Resulta inaudito escarbar ahí para machacarlos. Siempre les toca a los mismos. Los que ya sufren un recargo provisional en el IBI convertido en definitivo por el procedimiento del descuido. Los que para recibir en herencia una casa tienen que desembolsar un capital, un verdadero latrocinio en algunos casos. Los que ahora se ven forzados a desprenderse de un piso, aun perdiendo en la operación, y se encuentran con la sorpresa de que Hacienda les dobla el gravamen de transmisiones. El ministerio no entra en razón: los hogares valen lo que determinan sus fórmulas matemáticas y sus coeficientes, y no lo que los vendedores reciben realmente por ellos. Un despropósito total.

A quien cumple no le gusta que el pícaro se vaya de rositas, pero ya está bien de buscar las cosquillas al contribuyente más débil por tierra, mar y aire sin ahorrar euros allí donde debieran. ¿Por qué aumenta el personal de consistorios y consejerías? ¿Por qué la inversión productiva desaparece de las cuentas y el gasto corriente no mengua? ¿Por qué la medida se aplica ahora, justo en un momento crítico, tanto por la caída de la capacidad adquisitiva a consecuencia de la crisis económica como por el incremento de la presión fiscal? Es curioso como toda mejora en la gestión de los impuestos no acaba redundando en una reducción porcentual de la carga tributaria.

La aplicación de los impuestos se debe basar en la proporcionalidad y la equidad. De esta manera el contribuyente abona sus impuestos en función de su capacidad económica, rendimiento o ingresos percibidos. Tan sencillo como que quien percibe más ingresos, tribute más. Pero esto no ocurre siempre así. Mientras las multinacionales evaden con todas las de la ley en Luxemburgo, el IBI creció un 69% para los canarios desde 2006. Carga por aquí, carga por allá, acabarán por deslomar al estamento que aporta estabilidad al país. Y lo lamentaremos.