Cuando en febrero de 2012 un periodista le preguntó al entonces jefe superior de policía de Valencia si iba a realizar un despliegue policial especial ante una manifestación que habían convocado los estudiantes, la respuesta de Antonio Moreno fue: "Comprenderá que no es prudente desde el punto de vista de la táctica y la técnica policial que yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas".
La oposición le preguntó al ministro de Interior en el Congreso de las Diputados por las brutales cargas policiales en Valencia y por el discurso del "enemigo" empleado por Antonio Moreno, Jorge Fernández defendió al mando policial. Dos meses después Moreno fue ascendido a comisario principal en una embajada donde había pedido destino. Sus méritos se pudieron ver en vídeos difundidos en las redes sociales: menores de edad que se manifestaban con sus padres contra los recortes educativos fueron aporreados por la policía en las calles valencianas. Con la Ley Mordaza aprobada hace unos días, los autores de esos vídeos podrían ser sancionados con multas de 30.000 euros.
La gente decidió organizarse y montar plataformas antidesahucios para defender a los sin nadie cuando vieron que el Estado se limitaba a mandar policías y cerrajeros a casas de familias desempleadas. En lugar hacer cumplir el derecho a la vivienda recogido en la sacrosanta Constitución de 1978 el Gobierno ha estado utilizando recursos públicos para ayudar a vaciar las viviendas de los pobres y entregarlas a los banqueros y gestores de las tarjetas black. Los tribunales europeos dieron la razón a esas plataformas, pero para la tropa de Rajoy Europa no son los tribunales ni las organizaciones de derechos humanos, Europa es la Troika y Merkel y lo único que están dispuestos a obedecer son las órdenes contra el déficit y a favor del austericidio. Por eso un ciudadano que se planta en la puerta de una familia empobrecida que va a ser desahuciada se convierte en una "amenaza para la seguridad ciudadana", aunque los ciudadanos inseguros sean los que van a quedarse sin techo porque no pueden afrontar el pago de la hipoteca y su banco se niega a negociarla.
Y si esos sin techo se van a dormir a las playas de Las Palmas de Gran Canaria tenemos al alcalde Juan José Cardona que en lugar de aprobar un programa de Servicios Sociales para atenderlos deja a esos "enemigos" en manos de un mando policial dispuesto a superar Antonio Moreno (el de Valencia) y redacta una orden en la que pone que las playas "se han convertido en un basurero junto a las barcas llenas de mendigos y casetas". Un plan estrictamente policial contra los sin techo, para quitarlos de las zonas más cuidadas por el ayuntamiento. Los propios sindicatos policiales han criticado a sus mandos y han denunciado que los pobres no son delincuentes.
El ministro meapilas que dijo que "el aborto tiene algo que ver con ETA" aprovechó la llamada ley de seguridad ciudadana para colar una enmienda que legaliza las expulsiones en caliente de los inmigrantes en las vallas de Melilla, una demostración de que ministro Jorge Fernández mentía cuando decía que esas expulsiones eran legales. El PP se ha quedado solo en la defensa de la ley mordaza que recoge hasta 45 casos en que los ciudadanos pueden ser sancionados con multas que van de 30.000 a 600.000 euros, sin necesidad de que ningún juez u organismo ajeno al propio gobierno pueda amparar al sancionado. Después de la multa, si tiene dinero, el enemigo del gobierno podrá intentar defenderse en los tribunales.
En el apartado de "infracciones muy graves" lo primero que recoge la nueva ley es sancionar con 600.000 euros a quienes se manifiesten sin comunicarlo en instalaciones que presten servicios básicos. Los trabajadores públicos que hace un año se encerraron en las oficinas del Servicio Canario de Empleo para protestar por el sablazo del gobierno de Rajoy que redujo de 40 millones de euros (año 2012) a cero euros (año 2014) el presupuesto del Plan Integral de Empleo para Canarias hubieran recibido esas sanciones millonarias. Una encuesta de Metroscopia publicada en El País decía que el 82% de los ciudadanos pide cambiar o retirar la ley mordaza. Una ley que quiere convertir en enemigos a las víctimas de los recortes sociales que se organicen para protestar. Demasiados enemigos para un solo gobierno. Ni utilizando todas las fragatas, blindados y aviones de guerra que el gobierno de los recortes sociales va a comprar con su nuevo plan de gastos militares que costará 10.000 millones de euros serán suficientes para amordazar a tantos enemigos.
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