Hay dos cuestiones que en los últimos tiempos están afectando directamente a la libre concurrencia de los arquitectos a su trabajo profesional. Algo que afecta directamente a la economía de mercado que, aunque nos guste a unos más que a otros, caracteriza a nuestra sociedad. Uno es la existencia y la forma de actuar de la sociedad pública Gesplan y otra, es la forma de afrontar por parte de la administración pública los concursos de ideas vinculados a la arquitectura.
Los concursos de ideas para llevar a cabo un proyecto de arquitectura o urbanismo tienen varios siglos de existencia (válganos como ejemplo la catedral de Florencia de Brunellesci así como las iniciativas para la reconstrucción de Londres, después del incendio de 1666), y siempre se promovieron con la sana intención de seleccionar las mejores propuestas. Por tanto, la competencia ha sido grande, lo cual revertía en un bien para el avance tanto de la ciudad como de la profesión. Los que conseguían los primeros premios pasaban a ser profesionales reconocidos, amén de garantizarse una posición en la contrucción teórica y/o práctica de proyectos de indiscutible interés para la ciudad. Para asegurar la bondad de las decisiones, los jurados estaban compuestos por figuras relevantes en la materia a la que el concurso hiciera referencia.
De alguna forma, en los países desarrollados, la mecánica de los procesos de selección se ha ido afinando y perfeccionando, hacia fórmulas que puedan llegar a ser lo más transparentes y justas posibles. En los proyectos de arquitectura ha sido la propia UIA (Unión Internacional de Arquitectos) de la mano de la Unesco, la que ha establecido los límites y los márgenes en que deben ser desarrolladas las bases de los concursos (ya desde 1978, la Unesco aprueba el reglamento tras las recomendaciones observadas en la convención del 56 sobre los concursos internacionales de arquitectura y urbanismo).
Tanto desde la UIA como el RIBA (Real Instituto de Arquitectos Británicos) han dedicado un gran esfuerzo para conseguir que, en los concursos de ideas abiertos a promover, quedaran garantizados: a) el anonimato de los participantes, b) la selección de los mejores proyectos (con el suficiente número de arquitectos del máximo nivel en el jurado) y c) la defensa de la autoría de los proyectos ganadores y, en el caso de llevarse a cabo las obras, la consecuente asignación del encargo a esos ganadores.
En Las Palmas de Gran Canaria parece que se desconoce esta realidad técnica e histórica, ya que de un tiempo a esta parte, el proceso se ha revertido (algo a lo que seguramente también hayan contribuido la crisis y sus consecuencias en el mercado laboral). Obviando la coincidencia de que gran parte de los concursos de ideas suelan acumularse en periodos electorales, muchos de estos parecen tener como finalidad última la generación de eventos masivos en los que se discuta y divulgue cualquier tema que sea de interés para la ciudad (una práctica, la de pensar la ciudad, que no tiene nada de malo, si bien existen otros medios de estimularla). Quienes aportan el trabajo y las ideas detrás de estos eventos de indiscutible rédito mediático para las instituciones, son los equipos de profesionales, en la confianza de que con ello alcanzarán alguna posibilidad de desarrollar un proyecto real que, como mínimo, tenga un reflejo notorio en la obra final (eso sí, la posibilidad de que el equipo ganador acabe dirigiendo la construcción de la obra se ha convertido en algo cada vez más remoto). Gracias a esta labor de los participantes, los promotores acceden a múltiples buenas ideas, ideas que de otro modo no podrían obtener o les representaría un gasto mucho mayor. No debemos detenernos en las posibles injusticias de este sistema de "perdedores" y "ganadores", ya que forma parte de las reglas del juego, y todo profesional que accede a participar en un concurso de esta naturaleza lo hace asumiendo el riesgo de que el trabajo, el sacrificio y la creatividad invertidos en su propuesta queden sin remuneración monetaria o sin reconocimiento público de no resultar ésta la ganadora. Con todo, el auténtico fraude se produce con la apropiación ilícita de una (o mezcla de varias) de esas ideas, sean ganadoras o no, para llevarlas a cabo por parte de los propios promotores de los concursos o de sus entidades vinculadas.
Son varios los concursos de arquitectura que se han promovido en esas condiciones en Las Palmas de Gran Canaria en los últimos años, pero creemos que con la convocatoria del que quiere hacerse llamar Museo de Bellas Artes de Gran Canaria -a desarrollar en la parte no intervenida del antiguo Hospital San Martín- la gota ha colmado el vaso. Lo que hasta ahora se había mostrado de forma ambigua pasa a adquirir carta de naturaleza, oficializando un tipo de convocatoria totalmente inaceptable, en tanto que ignora todas y cada una de las cualidades que han hecho de los concursos uno de los mejores y más interesantes procedimientos para promover la arquitectura con mayúsculas.
Así, se dispone en el pliego correspondiente que "(?) esta licitación (concurso de ideas) queda expresa y formalmente excluida o desvinculada de un eventual y ulterior expediente de contratación relativo al encargo de redacción de proyecto y, en su caso, de la dirección facultativa". Esta condición sería propia de, un proceso de tipo más académico donde se pretenda testear ideas iniciales, en pos de una selección de múltiples propuestas en estadios de desarrollo primario. No es lo que se persigue en este caso, con un único premio, y para el que se solicita un amplio despliegue documental. Pero es que, a continuación, el pliego sigue: "No obstante, las Bases del futuro concurso para la licitación del proyecto del MUBAGRANCANARIA se desarrollarán a partir de la idea que haya resultado ganadora del presente concurso de ideas". A lo que se añade: "(?) el concursante que resulte ganador cede, en virtud de las presentes Bases, a la entidad convocante todos los derechos de contenido patrimonial de propiedad intelectual sobre sus propuestas y los proyectos, diseños, bocetos y maquetas desarrollados, incluyendo a título enunciativo los siguientes derechos: Reproducción; Transformación; Distribución de las obras reproducidas y/o transformadas; Comunicación pública y puesta a disposición del público de las obras; y la ejecución, en su caso, de las obras". Por tanto, la apropiación del proyecto-idea arquitectónica por parte del promotor se hace patente, y la posibilidad de que la utilice, altere e incluso la ejecute, queda confirmada por los propios participantes en el concurso, que comprometen su aceptación de las bases en el mismo acto de su concurrencia al mismo.
Este punto contradice muchos de los buenos propósitos señalados explícitamente desde la Unesco sobre derechos de autor y propiedad del proyecto. Por señalar uno en particular, el artículo 29 constata que "El autor de un proyecto conservará la plena propiedad artística de su obra. No se podrá introducir ninguna alteración o modificación al proyecto sin su consentimiento formal".
Justamente, el siguiente articulado de la Unesco deja claro que "El proyecto clasificado en primer lugar solo podrá ser utilizado por el organizador cuando éste confíe al autor la ejecución de la obra. Ningún otro proyecto, premiado o no, podrá ser utilizado total o parcialmente por el organizador si no es con el acuerdo del autor". Si no fuera porque nos llega a través de una organización de tan alto calado, cualquier cotejamiento de este artículo frente a la realidad de ganadores y no ganadores de tantos y tantos concursos de ideas públicos nos haría pensar que estamos ante el desvarío de algún idealista desmedido.
Ni siquiera hace falta buscar en las altas esferas internacionales para recordarnos cuanto nos hemos apartado de los ideales profesionales en el tema que nos ocupa. El Libro Blanco de los Concursos del COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid) habla de que la participación en un concurso "En ningún caso supone la cesión de derechos irrenunciables de autor, tales como los derechos morales y, muy en especial, los de divulgación y el de paternidad e integridad intelectual."
Y aún hay más. Por si fuera poco el descrédito que implican para el trabajo de los arquitectos las bases del concurso para el "Museo de Bellas Artes de Gran Canaria" (sobre el que nos centramos únicamente como el más reciente ejemplo de una realidad que este artículo pretende lamentar), las fórmulas arbitradas para la garantía del anonimato devienen claramente dudosas (volviendo al citado reglamento Unesco: "Todos los proyectos se presentaran y serán juzgados de manera anónima"; artículo 7), ya que deja abierta la ventana para que el promotor conozca las identidades de los profesionales presentados antes de que el concurso se resuelva, y aún se reserva la posibilidad de segunda vuelta para el desarrollo de los trabajos, tras entrevistas con varios autores preseleccionados.
Por último, cuando se trata de la constitución del jurado, el planteamiento empeora, pues la participación de arquitectos en el mismo es sólo del 25 por ciento (2 de 8; ¡ah! y todos los asesores sin voto que sean necesarios), y en ningún caso se garantiza que se trate de arquitectos de reconocido prestigio nacional o internacional, sino que puede designarse a cualquiera.
Todo esto cuenta con el visto bueno del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria (el recién estrenado COAGC), que lejos de abstenerse del proceso, ha participado en la organización del mismo y colaborará directamente tanto en su tramitación como en la selección de propuestas (además de proclamar "la recuperación de la estima profesional"?como si nadie se hubiera percatado de semejante atropello).
¿Qué es al final lo que se pretende? En el caso de que los interesados no presten debida atención a las condiciones dispuestas, se asistirá al saqueo institucionalizado del trabajo de muchos profesionales. Y si resulta que los posibles interesados advierten el entuerto, y por tanto la participación es escasa, se habrán obtenido argumentos para que la designación de profesionales se articule evitando la concurrencia libre, al modo de cómo se actúa desde la empresa pública Gesplan, cuyas fórmulas han sido repetidamente denunciadas sin respuesta por parte de sus responsables.
Otra posibilidad es que la intención sea la de dejar un amarre posible para intentar controlar el futuro del Hospital San Martín, una vez asumido, pese a quien le pese, que éste ya forma parte de la estructura de espacios culturales públicos de la ciudad. Vana pretensión, porque eso siempre ha salido mal.
Tales posibilidades responderían a un afán demasiado interesado de controlar el proceso y sus resultados, por lo que nosotros queremos creer que no se trata de una cosa ni la otra. Ha sido simplemente desconocimiento e incompetencia, mezclado con intereses cruzados y algún posible convidado de piedra, (que no ha opinado, pero consta). Como siempre, todo se resuelve en una mala gestión de los temas públicos y al final en un 'totum revolutum' sin pies ni cabeza. Esto es, flashes, declaraciones coyunturales, profesionales desaprovechados y una ciudadanía que asiste a inauguraciones de obras que no entiende por qué no responden a lo que aspiran y merecen.
Una pena, o peor, otra pena más.
* Joaquín Casariego, Elsa Guerra y Noemí Tejera son arquitectos
