La privatización de la red de aeropuertos que está llevando a cabo el Gobierno central, de forma unilateral y sin buscar consenso con las fuerzas políticas y las comunidades autónomas, es una amenaza para las Islas. Es un error convertir una infraestructura, que en Canarias no cuenta con otras alternativas como el ferrocarril, en un monopolio en manos de intereses privados.
Y lo es porque ese interés privado puede no coincidir con los intereses de la sociedad canaria. Lo es porque los aeropuertos canarios no sólo son la pieza clave de la accesibilidad del Archipiélago y la conectividad de las islas con el exterior sino que, además, desde una perspectiva regional también lo son en su cohesión económica y social y en el logro del mercado único canario. Lo es porque el interés de quien invierte para obtener beneficio económico no coincidirá con el interés de invertir para que el beneficio revierta en la sociedad. Lo es porque se olvida el Estado de que los aeropuertos canarios son la principal, por no decir única, vía de entrada y salida de los millones de turistas que nos visitan anualmente y de que son una herramienta fundamental para la diversificación de la economía regional porque son centros de negocio generadores de actividad económica. Y lo es también porque evidencia un doble rasero; el de privatizar en Canarias mientras que en la Península se siguen realizando inversiones millonarias en el AVE cuya rentabilidad económica y social está cuestionada.
Sin embargo, y sin abrir ningún frente de diálogo el Gobierno del Estado, lejos de aceptar cualquier alternativa diferente a entregar el 49% de su capital a manos privadas, ha optado por esta vía intentando convencernos de que la privatización era la única alternativa. Y lo ha hecho aprovechándose de su mayoría absoluta, eludiendo el debate político y manteniendo cerrada cualquier vía de diálogo con las Comunidades Autónomas. Un solo ejemplo: nuestra diputada Ana Oramas lleva quince meses esperando por la comparecencia de la ministra de Fomento para que explique la hoja de ruta de una privatización que ya es un hecho.
Casi todos los territorios, pero especialmente Canarias, Cataluña y Euskadi, han reivindicado en este caso, como en otros tantos, su derecho a decidir sobre sus propios aeropuertos. Una capacidad que, lamentablemente, nos ha sido negada y que, tarde o temprano, tendrá que ser aceptada ya que los Estatutos de Autonomías de dichos territorios establecen que los mismos "asumirán la gestión de los aeropuertos de interés general cuando el Estado no se haya reservado su gestión directa".
Canarias no puede ser rehén de las decisiones que adopten los nuevos accionistas de AENA y las empresas que conformarán el núcleo duro. Nosotros apelamos al sentido común y a trazar metas colectivas a través de una red de aeropuertos que, en el caso de Canarias, conforma mucho más que ocho terminales. Son parte de las infraestructuras básicas que, cualquier territorio insular y alejado, necesita sedimentar para garantizar su cohesión social y territorial.
El Gobierno ha utilizado la crisis como excusa para abrir una vía de negocio para los sectores privados interesados en jugar todas sus bazas en un sector que es estratégico para Canarias. Y lo ha hecho con más sombras que luces, y sin debate político e institucional, pese a tratarse de la mayor privatización llevada a cabo en España en los últimos diecisiete años.
Los aeropuertos de Canarias son, junto a Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga, los que más beneficios aportan a la red de AENA, especialmente Gran Canaria y Tenerife Sur, pero también Lanzarote, Fuerteventura y Los Rodeos. Así lo reconoce la propia AENA en el folleto de la oferta pública de venta (OPV), en el que reconoce que es rentable el grupo de terminales de más de dos millones de viajeros. Una rentabilidad que, en el caso de La Palma, El Hierro y La Gomera, no se debe ni se puede medir en términos económicos sino a través de variables que nunca serán negociables: sociales, sanitarias, educativas, etcétera.
Los expertos que consultamos para la elaboración de nuestro informe #Canarias20 nos apuntaban vías alternativas que el Gobierno del Estado no ha querido explorar. Vías que pasaban por la apertura de un proceso de diálogo y entendimiento con las Comunidades Autónomas, sobre todos con aquellas que, como Canarias y Baleares, dependen exclusivamente de este medio de transporte para el turismo. A pesar de las razones económicas y geográficas, el Gobierno dio un portazo al diálogo pero, además, se negó a estudiar las recomendaciones de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).
En los dos documentos elaborados por la CNMC se critica, por una parte, que se mantenga un modelo centralizado y único, "limitando en gran medida la posible competencia entre infraestructuras aeroportuarias, que contribuirían a precios más eficientes, mayor calidad y mayores beneficios para los usuarios". Y, por otra parte, que el Gobierno haya cerrado las puertas a la participación en la gestión de los mismos de las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y otros operadores privados vinculados con el sector.
Los intereses de los nuevos socios que se sienten en el Consejo de Administración no coincidirán siempre con los planes que necesitará desarrollar Canarias, entre los que se encuentran, por ejemplo, la ampliación de la pista de los aeropuertos de Lanzarote y El Hierro, la ampliación del horario de apertura de Fuerteventura, las nuevas pistas de Tenerife Sur y Gran Canaria o el trato diferenciado de los aeropuertos de La Palma, La Gomera y El Hierro. Como tampoco coincidirán en el reparto de las autorizaciones de la quinta libertad del aire, en las que el PP ha puesto mucho empeño en priorizar a Barajas, o la regulación de las tarifas.
En la partida de ajedrez que el Gobierno ha jugado en la sombra para entregar el 49% del capital de AENA a manos privadas ha antepuesto los intereses de unos pocos a la necesidad de un territorio como Canarias. Y cualquier proceso que se realice sin sentido común, sin razón de Estado y con criterios opuestos al interés colectivo se debe combatir siempre con el diálogo y, si este no existe, tendrá que ser a través de los instrumentos legales que cobijan nuestros derechos y aplicando nuestro Estatuto de Autonomía para que los aeropuertos sean canarios.
(*) Candidato a la Presidencia de Canarias
