Vamos a ver si nos entendemos: un Ayuntamiento no puede declarar una especie de 'estado de excepción' o 'estado de sitio', porque ello le está absolutamente vedado por la Constitución. Por otra parte, las normas que regulan la convivencia en un municipio, y las reglas del juego, no pueden estar sometidas a una aplicación caprichosa por las autoridades locales. Por eso el TS ha ordenado la demolición de la Biblioteca Pública del Estado, porque el alcalde Soria, uno de los que más agujeros negros ha dejado a su paso por su prepotencia autoritaria, hizo lo que le dio la gana y no lo que estaba obligado a hacer a pesar de su mayoría absoluta. La mayoría absoluta no garantiza inteligencia ni responsabilidad, factores que son muy convenientes en la función pública.
El barrio de Santa Catalina es una zona residencial; en el ordenamiento urbano está prevista para que en ella residan personas. Si residieran máquinas sería una zona industrial. Y si pernoctaran aviones sería un aeropuerto; y si barcos, un puerto. Todos los residentes de la ciudad están igualados en derechos: al descanso, a que no se puentee la igualdad en las aplicaciones urbanísticas, a la tranquilidad y a la seguridad, etc.
Una ciudad es un 'gran juego' y un gigantesco ejemplo de vasos comunicantes. No puede el ayuntamiento, de forma arbitraria, despojar a unos vecinos de sus derechos. Para eso existen áreas con otras funciones en el Plan General, que por sus características de posición y geomorfológicas son propias para las industrias, los vertederos, los aerogeneradores, los 'campus' y hospitales, o las pistas de Fórmula 1, 2 o 3. Tan insensato como permitir una fábrica en el centro de una población es secuestrar un barrio entero durante tres semanas - esto es importante, tres semanas- para celebrar unos Carnavales; sin que por otra parte los políticos con frecuencia con actitudes caciquiles demuestren que debajo del cráneo tengan cerebro. Unas fiestas de esta naturaleza tienen unos efectos secundarios, que son distintos, por ejemplo, a las secuelas de las procesiones en Semana Santa, donde los disfraces con capirotes no tienen nada que ver con las máscaras, la borrachería y la falta de respeto consustancial a las 'carnestolendas'.. Y si no que se lo pregunten a Protección Civil, o a los hospitales de campaña que atienden a los heridos en peleas y los comas etílicos.
Para evitar estas situaciones se planteó una instalación auxiliar en el Rincón. Santa Catalina asumiría las galas, y el 'ronódromo' las borracheras. La protesta de los vecinos más directamente molestados en el bulevar Juan Rodríguez Doreste y aledaños se concretó en una denuncia presentada hace más de diez años, a la que los jueces le han venido dando la razón, marcándole unos límites a la Alcaldía. Los jueces tienen la costumbre de aplicar las leyes, salvo excepciones, y defender el interés general con sentido común, también salvo excepciones. En este caso el interés general concreto está representado por los vecinos, que son los sujetos de un derecho que se les confisca temporalmente, sin que, hasta el momento crítico de ayer jueves, el gobierno local haya dialogado para encontrar soluciones razonables y respetuosas. Y aunque algunos hablen de 'chantaje' - una muestra de insuficiencia democrática, porque entonces todos los recursos judiciales lo serían- el acuerdo logrado ante la jueza que dictó la suspensión cautelar de los mogollones, Mercedes Martín, titular del número 5 de lo Contencioso, no es inédito. Es similar al de los 'sanfermines'.
La jueza ha defendido a los vecinos afectados que pidieron esa medida, como hubiera defendido a los de Schaman o a los de Tomás Morales si se dieran las mismas circunstancias. Es una cuestión de derechos que tienen que prevalecer sobre los caprichos. Sin embargo la política nacionalista Ana Oramas, de ATI-CC cree irrelevante, supongo, el derecho al descanso de miles de personas, que puede objetivarse con precisión, aras de un vaporoso derecho a molestar y divertirse sin restricciones.
Considera prescriptibles y mediopensionistas las ordenanzas sobre higiene, ruidos, mear en los zaguanes... Subordina el derecho al descanso al derecho a joder al prójimo. Y en una salida de tono, impropia de una diputada, llama 'goda' a una jueza que lo único que hace es proteger de un más que presunto abuso de poder a ciudadanos que piden el amparo judicial. Oramas puede conseguir el aplauso de los borrachos, pero no el de la gente sensata, puesta en el lugar de las 'víctimas'.
En el 'pacto' la mayoría popular ha reconocido la legitimidad de la oposición, pues si no estaría prevaricando. Pagar los gastos judiciales derivados de su irresponsabilidad, reparar los destrozos del vandalismo, insonorizar viviendas, realojar esos días a los vecinos con problema de salud... La jueza le ha marcado al Alcalde el buen camino (del 'consenso', el diálogo y el respeto) y le ha hecho un servicio a la Ciudad.
(tristan@epi.es)
