Hoy es un tema muy manido hablar de la necesaria colaboración entre la universidad y la sociedad en todos los aspectos, pero sobre todo, en aquellos que tienen que ver con el avance del conocimiento, la innovación y la preocupación permanente por ofrecer soluciones a los problemas o cuestiones que afectan a nuestra convivencia. Tanto desde el ámbito de las ciencias sociales como experimentales, la universidad supone un referente fundamental a la hora de abordar en términos de pensamiento crítico cualquier manifestación de la realidad. Por ello, si alguna característica definitoria puede ser destacada como fundamental en la llamada 'libertad de cátedra', ésta no es otra que la predisposición incondicional a que los investigadores y estudiosos que participan de la misma analicen la realidad objeto de estudio desde la más absoluta libertad, es decir, dejando atrás los prejuicios de todo tipo y naturaleza que obstaculicen el proceso de búsqueda de lo que pudiera ser calificado como verdad provisional, en tanto la misma está sujeta a revisión y cambio por la irrupción de nuevas verdades provenientes del avance del conocimiento y de los propios cambios que acontecen en la realidad objeto de estudio. El contrapunto a la 'libertad de cátedra' es el pensamiento dogmático, entendido éste como repetición acrítica de supuestas verdades inmutables.
Partir de los anteriores presupuestos por parte de una asociación empresarial que de manera decidida opta por aportar financiación para la creación de una cátedra dedicada al estudio del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en el seno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es no sólo una excelente noticia para la sociedad canaria, sino también, para la universidad y para el propio REF.
En la década de los setenta del siglo pasado, es decir, cuando en España se vislumbraba la cercanía de un auténtico sistema democrático de gobierno, nuestras universidades presentaban una doble caracterización: centros de subversión política para el franquismo y referente de lucha pacífica por la democracia para amplios sectores de la sociedad. En el caso del REFC (Ley de 22 de julio de 1972), también la Universidad de La Laguna jugó un papel muy importante a partir de la preocupación de algunos universitarios que crearon el Instituto Universitario de la Empresa (IUDE). En el mes de marzo de 1972 el IUDE presentó un proyecto de Estatuto Especial para Canarias en el que participaron personalidades como Jerónimo Saavedra, Gumersindo Trujillo, Luis Fajardo, Luis Carballo, Óscar Bergasa o Antonio González Viéitez. Ahora, después de tantos años y de los fundamentales cambios positivos que han acontecido en nuestra sociedad, las universidades canarias no pueden desistir de su responsabilidad a la hora de reflexionar sobre los problemas sociales que a todos nos afectan y, en particular, sobre lo que significa o debe significar un régimen económico y fiscal especial o diferenciado para Canarias.
Tengo el honor de participar en el Comité Científico de la recién creada Cátedra del REF de la ULPGC, y desde aquí quisiera manifestar mi público agradecimiento a Salvador Miranda, auténtico impulsor de esta excelente iniciativa y director de la cátedra, así como al resto de colegas que forman parte de la misma. Idéntico reconocimiento corresponde hacer al Círculo de Empresarios de Gran Canaria, presidido por Germán Suárez; al presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lothar Siemens, y al Rector de la misma, José Regidor.
