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En voz alta

En defensa de los servicios públicos

Ciudadanos de ideologías diversas han constituido una Comisión para la defensa y mejora de todos los servicios públicos. Esta Comisión expresa, al mismo tiempo, su firme compromiso con trabajadores, agricultores y empresarios pequeños y medianos, parados y jubilados y, con relación a lo que origina su constitución, precisa que:

1. Todos los servicios públicos son necesarios para la ciudadanía y, por lo tanto, su conservación y mejora se convierte en una obligación ciudadana y en un deber, muy frecuentemente incumplido, de los gobiernos.

2. Los servicios proporcionados por la Sanidad, Dependencia y Educación públicas, así como, por la Justicia, están sometidos a un creciente proceso de deterioro y, los tres primeros, de privatización.

El deterioro se concreta, entre otros datos, en la dificultad de acceso de los ciudadanos a tales servicios (aumento del precio de las matrículas universitarias y de las tasas judiciales, esperas muy largas para recibir atención médica y quirúrgica, etc.) y, también, en la precariedad laboral y en la reducción del número de profesionales que los prestan. Es obligación de los futuros gobiernos proceder, de manera inmediata, a la corrección de tan descarnadas e intolerables situaciones, así como, igualmente lo es, la priorización absoluta de la Educación, Dependencia y Sanidad públicas sobre la Educación, Dependencia y Sanidad privadas.

3. Los servicios sociosanitarios son, también, conviene recordarlo, servicios públicos. Proclamamos la importancia extraordinaria de tales servicios y manifestamos, al mismo tiempo, nuestra solidaridad con quienes los prestan.

4. Los procesos de privatización, sean cuales fueren sus modalidades, son solo la expresión de los intereses de los grandes poderes económicos y financieros, no proponiéndose nunca la satisfacción de los intereses ciudadanos, y, menos aún, de sus sectores más populares. En la actualidad, están sometidos a procesos de privatización los servicios públicos prestados por AENA y Correos. Al mismo tiempo que manifestamos nuestra solidaridad con sus trabajadores, advertimos de los graves perjuicios que tales privatizaciones generarían entre los consumidores. Si, a pesar de las nefastas consecuencias que tendría para la ciudadanía en general, el actual gobierno procediera a la privatización de AENA y Correos, los poderes emanados de los próximos comicios electorales tendrán la obligación de proceder, de manera inmediata, a su renacionalización.

5. El gobierno del PP pretende que los cuatro cursos actuales, necesarios para obtener una titulación universitaria, sean sustituidos por tres, más otros dos, optativos, de másteres. Si no se evita, tal medida consumaría procesos de deterioro generalizado y, además, supondría una profundización y consolidación de las desigualdades entre los jóvenes según los recursos económicos de las familias a que pertenecen. Será, igualmente, obligación de los futuros gobiernos proceder a la inmediata anulación de tales medidas.

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