Cuarenta imputados, con Bárcenas y Correa en cabeza, pasan a juicio a resultas de la instrucción de la primera etapa -solo seis años- de la trama Gürtel. Los que ejercieron cargos públicos no son mayoría y ya estaban desahuciados del servicio. La segunda etapa, de 2006 en adelante, será la de mayor incidencia política, con la causa transferida a un juez distinto de Pablo Ruz. A José de la Mata, de tendencia progresista según dicen, le advierte el ministro de Justicia que será recusado si no actúa con imparcialidad: una presión inaudita y jurídicamente escandalosa antes de que el nuevo instructor haya abierto la boca. Viva la independencia judicial, vivan la transparencia y la regeneración. Ni un aviso al sucesor de la juez Alaya, también reemplazada por motivos reglamentarios, que estará jurando en arameo por las toneladas de papel que se le vienen encima.
Hay resabios invencibles, tics que hacen pensar en una justicia mediatizada. Sin poner en cuestión la conciencia ética del ministro, su llamada de atención es descarnadamente antiestética. Menudearán los recursos contra el auto de Ruz, pero esto es normal. De quien tiene que tomarlos, o no, en consideración, y fallarlos, dependerá la eficacia probatoria y la dimensión final de la causa, hoy planteada en fianzas y penas proporcionadas a la gravedad de los hechos. Marcarán además el sesgo de la segunda etapa, la de los personajes de primera línea, perjudicados de entrada por la destrucción de discos duros de ordenador y la misteriosa desaparición de determinadas actuaciones sumariales. En resumen, sube el suflé en lugar de bajar, y aún estamos en los prolegómenos.
¿Qué cosa es la imparcialidad exhortada por Rafael Catalá? Conceptualmente, el criterio de imparcialidad solo puede ser universal y único, nunca relativista según la exégesis de turno. Se estima difícil que la segunda fase llegue a resoluciones antes de 2016, y para entonces las elecciones locales y generales habrán redistribuido el poder político. Sería tranquilizador que la imparcialidad no mutase con el cambio de estatus de las personas, si es que se produce. En todo caso, no es igual exigirla desde la vida civil o desde el gobierno, mucho más obligado a no pronunciarse sobre meras conjeturas. Pase lo que pase, las invocaciones regeneradoras tendrán en el desarrollo del proceso su test definitivo. En la Gürtel, como en los ERE andaluces, adquiere la máxima relevancia democrática la no injerencia extrajudicial. Si la cuestionan o estorban avant la lettre, este país no tiene remedio.
