Sector agrario, industrias alimentarias y las asociaciones más representativas de los grandes grupos de la distribución, con el aval del Ministerio de Agricultura, han cerrado lo que será el Código de Buenas Prácticas Comerciales por el que se pretende dar un paso más complementario en la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria en aras de lograr una relación comercial más equilibrada en todo el proceso desde que sale un producto del campo o de la industria hasta que el mismo llega fresco o transformado al consumidor. El objetivo ya no es solo que se cumplan las exigencias contempladas en la actual normativa, sino que además se implanten unas relaciones de respeto, sin abusos y hasta de buena vecindad que suavicen situaciones de poder y eviten muchas triquiñuelas ya consolidadas en el desarrollo de todo el proceso, todo ello dejando libertad a cada una de las partes para adherirse a dicho Código.
En los últimos años, con los mismos planteamientos sobre la mesa, el Ministerio de Agricultura ha promovido compromisos similares para la comercialización de dos de los productos más emblemáticos del sector agrario y alimentario, como son el aceite y la leche. En ambos casos, el objetivo se concretaba en que los últimos tuvieran unos precios de venta al consumidor suficientes como para su sostenibilidad manteniendo unos niveles dignos de ingresos en el conjunto de la cadena desde la producción a la industria y que, además, hubiera un compromiso para mejorar la imagen de los mismos como productos de calidad a un precio adecuado.
En un escenario como el de la gran distribución en España donde existe una batalla de precios a la baja para ganar o, al menos, para no perder cuotas de mercado y donde hay una serie de productos marcados ya como reclamo para la cesta de la compra, es de reconocer el esfuerzo desarrollado a través de diferentes vías por el Ministerio de Agricultura para tratar de modificar esa situación. Pero, a la vez, no se puede obviar que los esfuerzos en esa dirección para erradicar practicas ya instaladas durante muchos años no ofrecen los resultados esperados en tiempo y forma, y que todo lo que se ha acordado desde unos planteamientos voluntaristas al final acaban siendo rehenes de las guerras internas entre grupos donde nadie va a poner la cara, dar un paso más al frente para que se rompa la competencia.
Aunque desde la Administración agraria se estima que con esos mecanismos se han logrado algunos avances, la realidad es que el mejor síntoma de que esos logros no han sido los esperados y los necesarios es que esa misma Administración ha puesto a los dos productos, en su día objetivo de esos pactos de productos sostenibles, aceite y leche, como los dos a vigilar cuando tengan unos precios por debajo de lo razonable. Lo del cumplimiento voluntario de cuestiones que pueden afectar a las ventas y a los ingresos de un grupo, sin fiarse de la política que aplicara en la practica la competencia, resulta de difícil cumplimiento y no deja de ser otra política voluntarista de papel.
La ley de la Cadena Alimentaria es un ejemplo de paso adelante para tratar de ordenar esos escenarios, fundamentalmente en lo que se refiere la firma de contratos y a los cumplimientos de los plazos de pago. Son los aspectos más positivos de su aplicación. Pero, a la vez, también ha puesto de manifiesto sus carencias, aspectos donde se debería actuar para lograr la eficacia que se reclama desde el sector, irregularidades a la orden del día que afectan a los sectores agrarios y alimentario, donde la misma no llega, parque no puede llegar, en el marco de sus competencias actuales.
(*) Presidente de Asaja Las Palmas
