La Guardia Civil desde su fundación por Decreto de 28 de marzo de 1844, ha servido disciplinadamente a todos los gobiernos y regímenes políticos de España, algunos de los cuales intentaron infructuosamente disolverla o desmilitarizarla, aunque todos, sin excepción, no vacilaron en recurrir a ella para hacer frente a los convulsos acontecimientos de la España contemporánea. La historiografía no ha podido explicar cómo es posible que la Guardia Civil haya celebrado los 170 años de su fundación en la España invertebrada, y haya sobrevivido, con heroica y ejemplar entrega a sus obligaciones constitucionales, a los enfrentamientos civiles unas veces violentos y otras larvados de las dos Españas.
El General Prim, que había mostrado su oposición a la Guardia Civil como instrumento de militarización del orden público antes de la Revolución de 1868-1874 , tuvo que llamar a la Guardia Civil para restablecer dicho orden, al decretar el estado de excepción a los dos meses de triunfar la citada revolución liberal, -que restableció la Ley de 17 de abril de 1821, facultó a la jurisdicción militar para conocer de ciertos delitos, y amplió las facultades de las autoridades militares-, y promulgó la Ley de 2 de octubre de 1869 de suspensión de garantías constitucionales para combatir el bandolerismo en Andalucía que se encomendó a la Guardia Civil
La efímera Primera República promulgó la Ley de 2 de julio de 1873, que adoptó medidas extraordinarias que "exigían las necesidades de guerra" derivadas de la lucha contra el cantonalismo. El socialista catalán Pi y Margall, siendo jefe del Gobierno, dictó la Orden Circular de 18 de junio de 1873, de hondo significado y trascendencia histórica, en la que decía: "La Guardia Civil ha sido, como debía, el brazo de todos los gobiernos, el firme escudo de las leyes de los partidos y los vaivenes de los tiempos. En épocas normales ha prestado grandes servicios defendiendo los caminos y asegurando en los campos la propiedad y las personas; y en luchas como la presente no ha escaseado ni su actividad ni su sangre por acabar con las facciones y sosegar los tumultos de los pueblos. El Gobierno tiene en esta guardia completa confianza y así desea que la tengan V.S., porque no se debe jamás juzgar de un cuerpo por las faltas que hayan podido cometer algunos de sus individuos".
Los Gobiernos de la Restauración (1875-1923), período en el que fueron asesinados Cánovas, Canalejas y Dato, utilizaron la jurisdicción militar y recurrieron con frecuencia al estado de guerra y a la Guardia Civil para mantener el orden público y hacer frente a las siete crisis totales y sesenta parciales que se produjeron de 1917 a 1923.
La II República se pudo proclamar pacíficamente por el Gobierno Provisional el 14 de abril de 1931, cuando el general Sanjurjo, director General de la Guardia Civil, la puso a disposición de la República en casa de Miguel Maura, en la que estaba Niceto Alcalá Zamora, que fue luego utilizada para aplicar la Ley de Defensa de la República de Octubre de 1931. El primer gobierno de la República intentó disolver a la Guardia Civil, pero se opuso enérgicamente Miguel Maura, ministro de la Gobernación, sin valorar los cientos de conflictos laborales en los que intervino con prudencia y eficacia a pesar de que prestaba los servicios con arma larga y sin que se le dotara de medios antidisturbios incruentos.
Franco también pretendió disolver a la Benemérita, a lo que se opuso el Ministro de la Gobernación, el catedrático canario Blas Pérez González, que admiraba a la Guardia Civil. El 66% del Cuerpo había permanecido leal a la República, -sólo uno de los siete generales de la Guardia Civil se sublevó contra esta,- pero cuando el régimen franquista tuvo graves dificultades para reprimir a los maquis, recurrió también al Instituto Armado, muchos de cuyos números murieron, o fueron expulsados y condenados en Consejos de Guerra por no emplearse más cruentamente en dicha represión.
En la causa 130/1936 se dictó sentencia del Consejo de Guerra de Oficiales Generales el cinco de marzo de 1938, que condenó por el delito de rebelión militar al teniente coronel de la Guardia Civil Emilio Baraibar Velasco, al comandante de la Guardia Civil Joaquín Laureano Pérez, y al comandante de la Guardia Civil José García Silva, los tres jefes de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria, por no haberse sumado a la insurrección militar, aunque se inhibieron de toda acción contra el ejército, lo que le salvó la vida al Teniente Coronel, condenado a muerte, y a la expulsión del cuerpo, corriendo mejor suerte que los Generales de la Guardia Civil Escobar y Aranguren, fervientes católicos, que permanecieron leales a la República, por lo que fueron condenados a muerte y ejecutados terminada la guerra. La Guardia Civil fue depurada retirándose a 150 jefes y oficiales, expulsando a más de mil guardias civiles, y ocupando la Dirección General un Teniente General del Ejército, y su estado mayor por oficiales del Ejército, situación que duró hasta los gobiernos de Felipe González, que posibilitó que el estado mayor estuviera integrado por oficiales del Cuerpo.
La Guardia Civil ha sido un pilar fundamental para la consolidación de la democracia surgida de la Transición y de la etapa histórica de mayor estabilidad y progreso de la España contemporánea, por la que se sacrificaron 236 guardias civiles asesinados por la banda terrorista ETA, la mayoría muy jóvenes, con la secuela de muertes de sus hijos y familiares inocentes en los sangrientos atentados contra la Guardia Civil y sus Casas, a los que el pueblo español debe rendir permanente homenaje y agradecimiento para no olvidarles nunca. Como alguien ha dicho, con acierto: "No queremos que el silencio siga degradando a las víctimas inocentes, porque sabemos que callar es volver a matar a los muertos. El silencio es la tortura de la memoria".
La Guardia Civil ha mantenido inalterablemente su lealtad al pueblo español aún en las etapas más dramáticas de su historia, y cuando media España se enfrentó a la otra media en la Guerra Civil, la Guardia Civil se sacrificó por las dos, por las que dieron sus vidas 2.700 guardias civiles (el 83% por el bando republicano).
Ni la República ni el franquismo apoyaron ni dotaron a la Guardia Civil de medios personales y materiales a la altura de su misión histórica. Como se dijo, certeramente, en el diario Hoy durante la II República: "La Guardia Civil no ha claudicado; no ha claudicado nunca. El deber los mantiene firmes, sometida al Estado, sea socialista, liberal o católico, según la voluntad del pueblo. Pero el tricornio no puede cambiar, y sirve siempre al Estado, llámese como sea", texto que define con acierto la lealtad a España y al pueblo español de la Guardia Civil, fiel al lema miliciano de Calderón de la Barca: "Aquí la más principal hazaña es obedecer".