Me asaltan dudas. Puede que, como explica el señor Román Rodríguez, los cerca de 160 millones de euros anuales que Canarias no deberá pagar al Estado como compensación del IGTE no sirvan para arcadizar la región, pero creo recordar que el expresidente del Gobierno autónomo propuso no hace mucho un plan de choque contra la pobreza cuya pretendida dotación era mucho menor (y su porcentaje en términos de PIB muchísimo más ridículo, ciertamente). A mí este debate me pone ligeramente nervioso y no solo dubitativo. No porque el pluralismo sea insano, sino porque sospecho que es intercambiable. Rodríguez prefiere que se utilicen los recursos liberados del IGTE en financiar los sistemas públicos de educación, sanidad y asistencia social. Es tan lícito como apostar por una política de estímulo económico y empresarial dimensionada a la estructura productiva y la situación particular de cada territorio insular, que a medio plazo debería traducirse, precisamente, en un aumento de la recaudación tributaria para recomponer el modesto y maltrecho Estado de Bienestar de la comunidad autónoma. No, el problema no deriva de la existencia de distintas propuestas, sino de la incapacidad medular de cualquier consenso en una situación de crisis económica, quebranto social, destrucción de activos laborales e intelectuales y pauperización que no cesa. Ni siquiera ahora, vaya.

Los últimos ocho años -que casi coinciden poco más o menos con la crisis financiera y la recesión económica- han representado una brutal y embrutecedora pérdida de tiempo para este país. No se ha hecho el más modesto esfuerzo por establecer una agenda de reformas y contrarreformas que necesariamente debe contar con una amplia mayoría política (y social) detrás: la reforma de la administración autonómica y de la función pública canaria, el cierre definitivo de la estructura y las relaciones competenciales entre comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos, el cambio de un insoportable régimen electoral, la negociación de un REF económico que acabó transmutándose en una suerte de Plan de Inversiones, Transferencias y Subvenciones a Canarias en lugar de preservar singularidades y abrir espacios a posibilidades de negocio, la remodelación del modelo de gestión hospitalaria y asistencial, el impulso a las nuevas energías alternativas y al mismo tiempo a la instalación del gas, la flexibilización de los planes de estudio y los contenidos curriculares. En cambio los gobiernos que han articulado las tres grandes fuerzas políticas (CC, PSC-PSOE y PP) en esta última década escasamente prodigiosa se han dedicado, entre otras grandezas, a crear instituciones, estrategias y planes que resultan abandonados o sepultados en la siguiente legislatura. Un politólogo realista apuntaría a que los partidos del establishment canario carecen, obviamente, de cualquier incentivo para modificar sus conductas y las de sus dirigentes. Y atendiendo a la experiencia histórica cuando esta situación se perpetúa el sistema político termina implosionando.