Quienes se hallan instalados en el poder, ya sea el político, el económico o el poder de cualquier índole, tienen por costumbre apropiarse de aquellas palabras o expresiones que cuentan con el respaldo social mayoritario, sobre todo si éstas han llegado a ser comúnmente aceptadas tras años de demandas ciudadanas. Así, los dirigentes empresariales no dudan en incorporar a su léxico publicitario términos como ecologismo o desarrollo sostenible, a sabiendas del incremento de la sensibilidad de la ciudadanía hacia la preservación del medio ambiente experimentado en las últimas décadas. Y aunque en ocasiones es posible que las élites económicas alberguen cierto sentimiento ecologista, detrás de la apropiación de expresiones de esta guisa suelen esconderse los meros intereses empresariales y la simple búsqueda de beneficios económicos. Un afán de lucro que puede ser ciertamente espurio, como ha quedado patente en el caso de la estafa perpetrada por la marca Volkswagen.

Una práctica similar es la que suelen llevar a cabo las élites políticas (siempre de la mano de las económicas hasta tal punto que no es posible distinguir la una de la otra con nitidez), las cuales también gustan de apropiarse de expresiones biensonantes. En efecto, entre la clase política es un lugar común incluir unos toques verdes en sus discursos y programas, por más que algunos no duden en tildar de fundamentalismo ecologista a todo movimiento ciudadano que se oponga a sus proyectos por disparatados que estos puedan llegar a ser. Mas la palma en lo que se refiere a expresiones que la clase política pretende apropiarse se la llevan el Estado de bienestar y la democracia. Y es que en la actualidad, el Estado de bienestar ya no es patrimonio de la socialdemocracia, pues todas las fuerzas políticas, hasta las más ultraliberales, dicen defenderlo aunque sea a base de recortar en sanidad, educación, derechos laborales y, en definitiva, todos aquellos elementos que se supone que constituyen los pilares del tan manido como maltrecho Estado de bienestar.

Lo mismo ocurre con el término democracia: no es sólo que todos los partidos políticos la reconozcan como la mejor de las formas de organizar políticamente la sociedad, lo cual puede resultar muy loable, sino que se da una tendencia a identificar la democracia con los propios intereses, de suerte que cada partido pretende hacer de lo democrático su patrimonio exclusivo. Buen ejemplo de ello nos lo han venido brindando los contendientes en el conflicto catalán: tanto españolistas como independentistas, cuando defienden sus posturas, obviamente contrapuestas, dicen hablar en defensa de la democracia. Se trata sin duda de apropiaciones indebidas que no deberíamos aceptar sin más, pues si la democracia es el autogobierno de los ciudadanos, habrá de ser entonces patrimonio de todos y no solo de unos pocos. Por lo demás, tan antidemocrática resulta la negación del derecho a decidir de los catalanes por parte del Gobierno de España como avanzar hacia la independencia de Cataluña sin contar claramente con el apoyo explícito de la mayoría de la ciudadanía catalana. A resultas de lo cual solo podemos concluir, digámoslo una vez más sin ánimo de incurrir en ninguna apropiación indebida, que la celebración de un referéndum constituye la única solución democrática al conflicto de marras.