El fracaso educativo español tiene unos claros responsables, con nombres y apellidos, y, sin embargo, nadie se atreve a pronunciarlos, al menos en público. Son los pedagogos, o los que se hacen llamar frívolamente así, y los políticos de turno, que se han dejado llevar por los primeros. Y lo que más rabia da es que lo han hecho de manera consciente y voluntaria, como si disfrutaran con el cruel destino al que abocaban a la educación. Son los pedagogos los que convirtieron las Facultades de Psicología o las Escuelas de Magisterio en plataformas políticas, en las que lo que menos había era ciencia, proliferando el adoctrinamiento ideológico. Son estos individuos los que, principalmente, han de responsabilizarse del desastre nacional, de la vergüenza de un sistema de enseñanza que, tras su nefasta intervención, ha caído en picado, reflejando las miserias intelectuales de unos planteamientos ajenos a la realidad social. En su día, fueron los movimientos de renovación pedagógica, minoritarios en su concepción y desarrollo, que luego alcanzarían la plena difusión con el apoyo de los sectores universitarios afines a sus puntos de vista. Con el salto de lo anecdótico a lo doctrinal, el nuevo dogma en la educación estaba preparado para una última empresa, la conquista del panorama político mediante la promulgación de leyes que, a una misma vez, sometieran a férreo control la actividad docente y dispusieran una progresiva ideologización de los programas y currículos. El resultado es el que hoy padecemos, de punta a punta, en esta España de las autonomías.
Se pueden citar muchos nombres, señalar con el dedo la ignominia a la que han reducido el ejercicio de la docencia, mostrar las perversas maniobras que han empleado para acallar las voces discordantes, pero, invariablemente, aparecerán varios, que en sí resumen y ejemplifican la responsabilidad de un fracaso que, en la peor de las tesituras, se ha intentado hacer pasar como social, evitando el componente individual en el asunto. Me refiero a los integrantes de la extinta oficina de la Dirección General de Renovación Escolar en uno de los gobiernos presididos por Felipe González Márquez y, a la sazón, los promotores e ideólogos de la Logse. Pero, la gran cuestión que aún debe resolverse es por qué a estas alturas de la historia todavía no se ha realizado el examen de conciencia que cualquier otra nación civilizada ya se hubiera hecho. ¿Por qué no se ha amonestado públicamente a unos "intelectuales" que han pervertido el mayor designio de un estado que es la educación de los ciudadanos? Con sinceridad, lo ignoro, quizás la respuesta guarde relación con el carácter de los españoles, tal vez con el exagerado impacto de los despropósitos de los nuevos pedagogos sobre la evolución social.
En mi modesta opinión, un sistema de enseñanza debe aspirar, sea cual sea la opción política al mando de un país, al desarrollo del conocimiento y la búsqueda de la excelencia entre los individuos, la práctica de la virtud, al decir de los griegos, que de esto sabían y mucho. ¿Qué ha conseguido el dogma de Marchesi y los suyos tras casi treinta años de implantación de un modelo que, velis nolis, no se ha desdibujado ni un ápice del original pese a transitar por siete leyes educativas aparentemente distintas? Lo que antes era transmisión de conocimientos, tiempo después ha quedado en ignorancia galopante, que ya toca las puertas de la misma universidad. Y la excelencia, en el peor de los trueques, en la expansión de la mediocridad como meta académica sin freno posible. Únicamente por lo anterior, ya tendrían que haber sido desposeídos de todos los honores y reconocimientos, máxime al traicionar alevosamente los ideales que juraron defender como miembros que fueron de la comunidad dirigente de este país.
Por esta razón, y por tantas otras que sólo están en el orgullo y la dignidad de los profesionales de la enseñanza, antes que iniciar un proyecto de evaluación de los docentes, antes que insinuar la culpabilidad de los mismos en el fracaso escolar, habría que mirar hacia arriba y hacia el pasado. Otear el origen, señalar los responsables y hacer justicia. Una justicia que no es sólo el deseo unánime de los que a diario enfrentan la tarea de educar a los más jóvenes de la sociedad, sino la necesaria catarsis que, como colectivo, debemos exigir a las autoridades, para que, de una vez por todas, la educación pueda alcanzar el consenso que ya tarda en conseguir.
(*) Doctor en Historia y Profesor de Filosofía
